MADRID (Reuters) - La OCU, la principal organización de consumidores españoles, presentó el lunes ante la Audiencia Nacional una querella contra la cúpula del Banco Popular (MC:POP) tras la intervención y venta a Banco Santander (MC:SAN) por el precio simbólico de un euro y la pérdida total de las inversiones de accionistas y titulares de bonos convertibles y subordinados.
"La querella se dirige contra los antiguos administradores del Banco responsables de la última ampliación de capital en 2016 y la auditora PricewaterhouseCooper, a los que acusa de los presuntos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores", dijo la organización.
La OCU resalta que hace un mes la entidad cifraba su valor patrimonial en 10.777 millones de euros a pesar de que, con motivo de la intervención se elaboró un informe independiente que arrojó una valoración económica negativa de entre 2.000 millones y 8.200 millones de euros de la entidad en dos escenarios.
La asociación de accionistas minoritarios Aemec, que también tiene en marcha diversas acciones contra la entidad, presentó la semana pasada una demanda contra los gestores de la entidad ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional.
Diversos despachos de abogados están trabajando en posibles demandas relacionadas con la pérdidas de las inversiones de los accionistas con motivo de la intervención relámpago, pero meses antes de la intervención ya se preparaban varias acciones legales conjuntas relacionadas con la ampliación de capital realizada hace un año a 1,25 euros por acción.
A principios de abril el banco reconoció que una auditoría interna había detectado deficiencias financieras en relación con la ampliación de capital que propiciaron la dimisión del consejero delegado.
Las "deficiencias" obligaron al banco a aumentar provisiones en 2016 y a rebajar su patrimonio neto y ratio de capital, aunque el auditor de cuentas PwC dijo que los ajustes "no suponen ningún incumplimiento y, en ningún caso, representan un impacto significativo en las cuentas anuales de la entidad que justifiquen una reformulación".
En las semanas anteriores a la fatal intervención, Popular intentó conseguir ofertas de compra de diversos bancos y, según fuentes que participaron en las conversaciones, el riesgo de la demanda por la ampliación - cifrado en 2.500 millones de euros- fue uno de los elementos que dificultó la formulación de una oferta.