Madrid, 4 may (.).- La propiedad residencial en España está cada vez más polarizada, ya que en los últimos años ha ido en aumento el número de personas que tienen varias viviendas y también el de aquellos que no tienen ninguna, según el informe "Vivienda para vivir: de mercancía a derecho", del centro de pensamiento Future Policy Lab.
El documento, que se presentará esta tarde en un acto al que asistirá la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, refleja también un cambio en términos generacionales, desde España como "país de propietarios" a una "generación de alquiler".
Elaborado por un grupo de expertos de diversas disciplinas y coordinado por el sociólogo Carlos Delclós, este informe muestra que en los últimos años las tasas de propiedad de vivienda han caído en todos los grupos de edad, pero especialmente entre los hogares más jóvenes.
Señala que los hogares que compraron su primera vivienda entre los años setenta y noventa se beneficiaron de una situación económica favorable, mientras que a quienes entraron en el mercado de la vivienda a partir del año 2000 les ha penalizado la precariedad del mercado laboral, empujándoles hacia un mercado de "alquiler inasequible", en el que el precio medio ofertado del metro cuadrado en la vivienda nueva ha crecido un 681 % entre 1985 y 2022.
Entretanto, España también ha experimentado un fuerte crecimiento en el número de quienes, además de ser propietarios de su vivienda principal, compran otras para ponerlas en alquiler y obtener beneficios de ellas, ya que la proporción ha pasado del 2,5 % en 2008 a casi el 7 % en 2020.
Combinadas ambas tendencias resultan en una polarización de la propiedad que el informe sitúa como consecuencia directa de la mercantilización de la vivienda propiciada por las políticas públicas de las últimas décadas.
Para revertir lo que se plantea como una situación de crisis persistente en la accesibilidad a la vivienda, este informe propone la ampliación del parque de vivienda social, con un objetivo del 30 % de cara a 2030 y un aumento paulatino del actual 0,1 % del PIB destinado a política de vivienda social a un 0,3 % como mínimo en los próximos tres años.
También aboga, entre otras medidas, por la regulación del alquiler y la fiscalidad redistributiva, así como la formalización del sindicalismo inquilino para garantizar su derecho a participar en la negociación de las condiciones de alquiler.