Bruselas, 1 feb (.).- El Consejo y el Parlamento Europeo llegaron este jueves a un acuerdo provisional sobre el Instrumento de Emergencia para el Mercado Único (IEMU), que pretende dotar a la Unión Europea (UE) de un mecanismo flexible y transparente para responder a las crisis que amenacen el funcionamiento del mercado único.
También alcanzaron un acuerdo sobre varias propuestas legislativas de acompañamiento a este instrumento de emergencia, que actualizan el actual marco legislativo de la UE sobre la normativa de evaluación de la conformidad e introduce normas de vigilancia del mercado para que el IEMU pueda ser operativo en tiempos de crisis.
El objetivo es evitar situaciones como la crisis de suministro energético que derivó de la guerra de Ucrania o como las que se vivieron durante la pandemia, cuando escasearon productos críticos como las mascarillas y algunos países actuaron unilateralmente reteniendo en su territorio la producción nacional.
El pacto logrado hoy entre los colegisladores de la UE -Estados miembros y el Parlamento- apoya los objetivos generales del reglamento presentado por la Comisión Europea, pero introduce varias modificaciones para mejorar la claridad, viabilidad y seguridad jurídica de la propuesta.
Así, establece que el Instrumento de Emergencia para el Mercado Único "debe limitarse a acciones relacionadas con el mercado interior" y que las medidas que se adopten deben restringirse a situaciones de crisis y no deben afectar a los ámbitos de competencia nacional.
"El nuevo instrumento legislativo pretende garantizar un mercado interior que asegure la estabilidad de las cadenas de suministro de bienes y servicios esenciales, y nos prepare para afrontar los retos futuros", dijo en un comunicado el ministro de Economía y Empleo belga, Pierre-Yves Dermagne, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE.
Así, este instrumento de emergencia prevé un seguimiento continuo de posibles crisis venideras, establece un modo de vigilancia y emergencia que se activará cuando una amenaza se haga patente, y pone en marcha una gobernanza para que los países de la UE puedan coordinar su respuesta.
Cuando una crisis amenace el suministro de bienes y servicios críticos, la Comisión Europea (CE) podrá solicitar información específica a los agentes económicos, desarrollar un procedimiento acelerado para introducir bienes o servicios críticos en la UE y emitir excepciones a las normas sobre productos específicos.
Además, en estas circunstancias excepcionales, la Comisión y los Estados miembros podrán llevar a cabo un procedimiento de contratación conjunta para adquirir bienes o servicios relevantes para una crisis e, incluso, los países de la UE podrán iniciar la contratación de este tipo de bienes en coordinación con otros Estados miembros.
Ahora, el acuerdo provisional alcanzado por el Consejo y el Parlamento debe ser formalmente adoptado por ambas instituciones y, tras su entrada en vigor, los Estados miembros tendrán un periodo de 18 meses para aplicar las nuevas normas.
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