Túnez, 26 dic (.).- La poderosa central sindical de Túnez, la UGTT, anunció este lunes protestas masivas contra la ley de presupuestos para 2023 del Gobierno y que recoge reformas económicas impopulares a la espera de obtener un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de cerca de 1.800 millones de euros.
"¿Por qué aceptaríamos esta situación? No la aceptaremos. Ocuparemos las calles para defender nuestras elecciones y los intereses del pueblo", advirtió su secretario general, Noureddine Tabboubi, que calificó a la Administración de Nedjla Bouden de "gobierno fiscal".
Este texto, ratificado el pasado jueves por el presidente Kais Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021- reducirá un 26,4 % el gasto de subsidios, especialmente de alimentos básicos y carburantes, y supone una importante subida de impuestos para numerosas profesiones liberales, lo que ha llevado a los abogados a declarar una "desobediencia fiscal".
En esta línea, el responsable señaló los discursos contradictorios entre el mandatario y el Ejecutivo ya que "él (presidente) lanza un discurso en el que promete reformas mientras que su gobierno aprueba medidas que van a acentuar el sufrimiento de los tunecinos".
Por otro lado, Tabboubi reveló haber iniciado consultas con diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Orden de Abogados y la Liga Tunecina de los Derechos Humanos, para lanzar un diálogo nacional "constructivo" al margen de la escena política y salir del "callejón sin salida" en el que se encuentra el país.
Días antes, el sindicato informó sobre el "fracaso" de las negociaciones con el Ejecutivo ante sus falta de interés "por encontrar soluciones" y señaló su incapacidad para tomar decisiones sin la autorización del jefe del Estado, al que acusa de gestionar el país de manera "unilateral".
Aunque la UGTT apoyó en un primer momento el proyecto de Said- que cesó al Gobierno y suspendió el Parlamento para "preservar la paz social"- ha endurecido su discurso en los últimos meses, especialmente tras la aprobación de una nueva constitución que instaura un régimen "ultrapresidencialista".
En los últimos días la organización ha subido el tono después de los resultados de las elecciones legislativas del 17 de diciembre, que registraron una abstención récord del 89 %, por lo que pidió el aplazamiento de la segunda vuelta.
Por su parte, el dirigente rechazó las críticas de la oposición, que boicoteó el proceso, y defendió que la participación debe evaluarse en su totalidad, a la espera de la segunda vuelta, todavía sin fecha prevista.