Nueva York, 24 jul (EFE).- Los negociadores del Gobierno de Argentina acudieron hoy al despacho de Daniel Pollack, el mediador designado por el juez neoyorquino Thomas Griesa, para seguir las conversaciones con los fondos acreedores e intentar cerrar un acuerdo antes del 30 de julio.
El secretario de Finanzas, Pablo López, el secretario del área Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Federico Thea, la procuradora del Tesoro, Angelina Abonna, y el subprocurador del Tesoro, Javier Pargament, entraron en el despacho del mediador media hora después de la hora prevista para el inicio de la reunión.
La reunión estaba inicialmente convocada para ayer, miércoles, pero debió ser postergada para dar tiempo a la comitiva a llegar desde Buenos Aires.
En una vista celebrada este martes, el juez Griesa insistió en la necesidad de intensificar las negociaciones para no provocar el cese de pagos a los tenedores de deuda argentina reestructurada y rechazó una medida cautelar solicitada por Argentina.
Argentina realizó un pago de 1.031 millones de dólares a estos bonistas, pero gran parte del dinero quedó congelado en los bancos por recomendación del magistrado estadounidense, quien dictó una orden de pago simultáneo o "pari passu" para todos los bonistas, se hubieran acogido a los canjes de 2005 y 2010 o no.
Los fondos de inversión que poseen deuda no reestructurada, es decir la que no está sujeta a los canjes con los que Argentina resolvió en parte el cese de pagos de 2001, han demandado al Estado argentino en EE.UU. porque quieren que les pague la deuda pendiente desde ese año, como hace con los que aceptaron los canjes.
Los canjes implicaron grandes descuentos en el valor de la deuda, pero fueron aceptados por más del 90 % de los acreedores, que han venido cobrando hasta ahora en las condiciones que acordaron.
Si estos bonistas no han recibido sus pagos el 30 de julio, Argentina caerá en un "default" (cese de pagos) técnico.
En Buenos Aires el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, aseguró hoy en rueda de prensa que el país está dispuesto a negociar siempre que se respeten las mismas condiciones para todos los acreedores, pero que no puede "sufrir el avasallamiento de buitres y jueces que no respeten la condición de país soberano, ni de países que pretenden extorsionar la soberanía y voluntad de un pueblo".