Madrid, 18 abr (.).- Las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP plantan cara a la política de vivienda del Gobierno central y piden al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la celebración urgente de una Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo para analizar la nueva ley.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciará hoy un plan de vivienda alternativo al proyecto de ley del Gobierno socialista basado en avales para alquilar y comprar, centrado en las rentas medias y bajas y, especialmente, en la gente joven.
Los gobiernos regionales de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia manifiestan así su descontento con esta norma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que aprueba este martes su plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb -la sociedad creada para dar salida a los activos inmobiliarios de los bancos rescatados- a alquiler asequible.
La Comunidad de Madrid va un paso más allá y ha anunciado, además, que prevé presentar un recurso de anticonstitucionalidad sobre la nueva ley de vivienda.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no va a aplicar esta ley donde no sea obligatorio y que la recurrirá "a todos los tribunales", ya que considera que "en el momento en que te entrometes en el precio de las viviendas baja la oferta y se disparan los precios".
Según Ayuso, el Gobierno busca "colapsar" y "eclipsar" las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo y es "una improvisación" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y "un atropello contra la propiedad" que provocará efectos distintos como disparar los precios y "desplomar" la oferta.
El Gobierno andaluz ha advertido de que, cuando tengan el texto completo de la ley, la supervisará para certificar que no vulnera las competencias autonómicas y que se ciñe a la legislación española vigente, ya que, de lo contrario, adoptará las medidas "oportunas".
Fuentes del Ejecutivo que encabeza Juanma Moreno han asegurado que hay informes, como el del Consejo General del Poder Judicial, que advierten "del difícil encaje de esta ley dado que las competencias en materia de vivienda son autonómicas".
Señalan, también, que la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial es "necesaria" para que se informe de una norma que, según aseguran, se ha "cocinado a espaldas" de las comunidades autónomas.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha dirigido por carta a la ministra Raquel Sánchez para pedir la “urgente convocatoria” de la reunión.
Suárez-Quiñones ha trasladado su malestar por haberse enterado del proyecto de la ley a través de los medios de comunicación, "máxime siendo una materia en la que, junto a su indudable trascendencia social, concurre la circunstancia, no menor, de que es de exclusiva competencia autonómica".
Asimismo, su homóloga de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha urgido al Gobierno central a que "dé la cara" y convoque la mesa sectorial para debatir una ley "preocupante" y que "está carente" de todo, entre otras cuestiones, de la memoria económica.
Pedro Puy, el portavoz parlamentario del PP en el Parlamento gallego, ha augurado también un proceso de "conflictividad competencial" ante el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo autonómico murciano ha mostrado su preocupación por el alcance de la aplicación de la ley en su región y por las consecuencias que de ella derivan para el ejercicio de la política de vivienda del Gobierno de su comunidad.
En este sentido, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha manifestado que es "sectaria y extremista" porque "menoscaba la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos”.
A su juicio, no va a resolver los problemas de acceso a la vivienda de las familias porque "está comprobado que las medidas que propone provocan exactamente lo contrario de lo que pretenden”.