San Salvador, 26 dic (.).- La Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), una organización comunitaria, señaló este jueves que Ley de Minería Metálica aprobada por el Parlamento representa "el mayor atentado" contra "el agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones".
"Representa el más grave peligro para nuestra existencia como país", agregó la organización en un comunicado difundido en redes sociales, en el que reiteró este jueves su "enérgico" rechazo a la reactivación de la minería metálica en El Salvador.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó el lunes la Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.
El aval de la normativa, propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, se dio a pesar del rechazo de ambientalistas, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y de universidades por el impacto en las comunidades rurales y al medioambiente.
ADES apuntó que se suma "a las voces que exigen la derogación de esta ley de contaminación, destrucción y muerte" y llama a la organización, movilización y resistencia "frente a los proyectos mineros, en caso que esta normativa se mantenga".
"Instamos a la sociedad salvadoreña a reflexionar profundamente sobre las consecuencias de la falta de institucionalidad, separación de poderes y contrapesos democráticos, y sobre el comportamiento de funcionarios que no escuchan la opinión del pueblo y que imponen sus proyectos sin consulta ciudadana, sin estudios técnicos, sin argumentos y sin importarles sus terribles consecuencias", añadió.
ADES es una organización comunitaria que surgió en la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica y cuyos habitantes atribuyen el proceso penal a la denuncia de la posible reversión de la prohibición minera aprobada en el Congreso en 2017.
En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales "una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias".
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera en El Salvador afectaría a alrededor de 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
También, se estaría afectando la cuenca del río Lempa que posee un área total de 17.790 kilómetros cuadrados de los cuales, 10.082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala.