San Juan, 2 jul (EFE).- El líder sindical de una de las mayores empresas públicas de Puerto Rico afirmó hoy que la amenaza del Gobierno de demandar a Moody's responde a una "estrategia encubierta" de buscar la máxima degradación de la deuda de estas empresas para que finalmente no quede más remedio que privatizarlas.
"El plan del Gobierno es vender las empresas y hacerlas cantos (añicos). Esa es la mira del Gobierno y por eso son nuestras quejas", dijo hoy a Efe el presidente del capítulo de San Juan de la Unión Independiente Auténtica (UIA), de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Hernández.
Según dijo, los líderes sindicales de las corporaciones públicas de la isla, entre ellas las que monopolizan los principales servicios básicos, han observado que el Gobierno de Alejandro García Padilla "tiene una agenda escondida" con la que en última instancia buscan que estas empresas pasen a manos privadas.
El Gobierno puertorriqueño amenazó el martes con llevar a Moody's ante los tribunales después de que la agencia estadounidense bajara en tres escalones la calificación de la deuda de Puerto Rico, así como de varias entidades públicas de la isla caribeña.
Poco después, García Padilla anunció haber instruido al secretario de Justicia, César Miranda, "para que haga valer la verdad y el buen nombre de Puerto Rico" y advirtió que dicha casa acreditadora "y cualquier otra entidad que actúe igual tendrán que responder por este agravio ante el tribunal".
Moody's explicó que había tomado la decisión de bajar la calificación de la deuda de Puerto Rico de Ba2 a B2, lo que equivale a una inversión "altamente especulativa", debido a la reciente aprobación de una ley que establece el marco legal para que las corporaciones públicas puedan declararse en quiebra.
El jefe del Ejecutivo opinó, claramente enojado, que esa decisión "no tiene sentido por más de una razón", además "de ser injusta para con el pueblo de Puerto Rico", irracional y contradictoria.
La rebaja de la nota de Puerto Rico por parte de Moody's se produce al mismo tiempo que entra en vigor el nuevo presupuesto anual de 9.565 millones de dólares, que según el Gobierno equilibra ingresos y gastos por vez primera en 22 años.