San Juan, 2 jul (EFE).- Líderes sindicales de empresas públicas de Puerto Rico están llamando al boicot del Popular, el mayor banco de la isla, por publicar un informe que recomienda revisar los salarios de los funcionarios para ajustarlos a su productividad y a las ganancias de sus empresas.
Entre quienes apoyan esta iniciativa se encuentran dirigentes sindicales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Fondo del Seguro del Estado (UCFSE) y la Autoridad de Puertos, entre otros.
Los sindicatos insistieron hoy en pedir a la gente a que cierre sus cuentas en ese banco puertorriqueño por considerar que su dirección "conspira" contra los empleados públicos.
La queja surge del estudio que publicó la semana pasada ese banco en Progreso Económico -un boletín financiero preparado con el Instituto de Estadísticas de la isla-, en el que se asegura que los salarios en algunas agencias públicas duplican a los de otras.
"La diferencia en salarios es sustancial y por eso es fundamental evaluar los criterios para establecer escalas salariales", afirma el estudio, donde por ejemplo se asegura que el 60 % de los trabajadores de la AEE ganan entre 18 y 21 dó, mientras que en otras agencias públicas ese porcentaje es inferior al 20 %.
"Para mayores escalas de sueldos, la AEE tiene relativamente más empleados que otras entidades públicas, lo cual es consistente con un salario medio anual más alto", añade el estudio, que ha desatado las quejas de su principal sindicato.
Esa compañía, con una deuda acumulada cercana a los 9.000 millones de dólares, es sobre la que precisamente se especula que será la primera en tener que acogerse a la nueva ley de quiebra aprobada en Puerto Rico para que las empresas públicas tengan un marco legal para renegociar los términos del pago a sus acreedores.
La perspectiva de que esta y otras grandes corporaciones públicas renuncien a devolver lo que deben en los términos establecidos inicialmente ha llevado en los últimos días a las grandes casas acreditadoras a rebajar sus calificaciones sobre estas empresas.
Moody's fue el martes más allá y rebajó hasta en tres escalones la calificación que confiere a las obligaciones generales de Puerto Rico, que ya se encontraban en el grado especulativo ("chatarra").
Los sindicados creen que el mensaje del informe responde a una "estrategia del banco de seguir monopolizando las transacciones económicas del Gobierno y apoderarse de las operaciones comerciales de las corporaciones públicas para tener mayores ganancias a costa del trabajo de los trabajadores".
"Que no se metan con lo nuestro", advirtió hoy el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, tal y como ya hiciera el martes.
Ese día, el banco apuntó que el citado boletín trimestral se publica desde hace más de 35 años para ofrecer "información económica vital" en una isla donde ésta no abunda, y que su contenido lo trabaja el Instituto de Estadísticas.
"Lamentamos que la UTIER y otros miembros de las uniones entiendan que esta herramienta se ha hecho con la intención de atacarlos o de lacerar los reclamos que ellos puedan tener. Popular no interviene con este tipo de situaciones y respeta el derecho de que se lleven a cabo manifestaciones", dijo en un comunicado.