MADRID (Reuters) - Los bonistas que financiaron con 1.400 millones de euros el proyecto de almacenamiento de gas submarino de Castor autorizaron a la concesionaria participada por la española ACS (MADRID:ACS) y la canadiense UGS renunciar al proyecto abriendo la puerta a una indemnización del Estado equivalente a la inversión.
La concesionaria ya había manifestado su intención de renunciar a la concesión y buscar una indemnización, pero necesitaba el visto bueno de sus financiadores, entre los que se encuentra el Banco Europeo de Inversiones (BEI). A partir de este momento Industria deberá pronunciarse y determinar la forma del pago de la indemnización.
La instalación fue cerrada por Industria en septiembre del año pasado por haberse asociado el comienzo de su uso a movimientos sísmicos en las costas de Castellón y Tarragona.
ACS valora su inversión en la concesionaria de Castor en 228 millones de euros, un proyecto que figura en las cuentas de la constructora como activo clasificado para la venta desde 2012.
La sociedad dijo en abril que espera recuperar este importe.
El Ministerio de Industria intentó con un recurso al Tribunal Supremo evitar el pago de una indemnización en caso de extinción del contrato, pero el alto tribunal lo desestimó, estableciendo que si no hay negligencia o "dolo" atribuible a la empresa, y la instalación está en funcionamiento, el Estado tendría que asumir el activo e indemnizar a los dueños de Escal por el valor neto contable, que coincidiría a las inversiones realizadas por la concesionaria.