París, 22 jul (.).- Los fabricantes europeos de automóviles quieren más flexibilidad en los plazos para el fin de la venta de vehículos con motores de combustión, que la Unión Europea ha fijado en 2035 con una serie de etapas intermedias, que les inquieta por las multas que podrían acarrearles si no se cumplen los objetivos.
En una entrevista a cuatro grandes periódicos europeos, entre ellos El Mundo, publicada este lunes, el consejero delegado de Renault (EPA:RENA), Luca de Meo, que desde noviembre preside la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles ( ACEA (BIT:ACE)), lanza esta petición, pero puntualizando que para nada eso significa que la UE debe renunciar a la descarbonización y a la electrificación del sector.
"Necesitamos un poco más de flexibilidad en el calendario. Pero no hay que instrumentalizar la ralentización actual del mercado para abandonar pura y simplemente el objetivo. Sería un grave error estratégico", explica De Meo.
Sabedor de que la cuestión fue objeto de debate durante la campaña para las elecciones europeas del pasado junio y de que algunos partidos pidieron una marcha atrás, recuerda que los fabricantes ya han invertido "decenas de miles de millones de euros" en la transición y que eso significaría "tirarlos por la ventana".
"El poder político no puede cambiar de opinión en el momento en que se concretan nuestros esfuerzos con nuevos modelos que llegan al mercado. No debemos negar el progreso. Todas las sociedades que han negado el progreso en la historia han perdido. Y la electrificación en el automóvil forma parte del progreso".
El problema para los fabricantes no es, pues, el objetivo final, sino "el ritmo" porque pasar de una cuota actual de un 10 % de ventas de vehículos eléctricos al 100 % en una docena de años "es realmente muy complicado".
La gran inquietud en primer lugar para ellos son los plazos fijados por la UE para 2025 y 2030, en los que tendrán que presentar una rebaja muy sustancial de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en los vehículos vendidos que sólo es posible con un fuerte tirón de las matriculaciones de eléctricos, y eso bajo la amenaza de miles de millones de euros en sanciones en caso de incumplimiento.
En concreto, el presidente de la ACEA advierte de que si se sigue con la tendencia actual del mercado -las ventas de eléctricos se han casi estancado en la primera mitad del año y su parte se ha quedado en el 12,5 % en el primer trimestre-, los fabricantes tendrían que pagar una multa de 10.000 millones o "dejar de producir dos millones de vehículos híbridos. Sería absurdo".
Para De Meo, el problema es que la reglamentación europea sobre la descarbonización se ha elaborado sin hacer un "análisis de impacto exhaustivo" y sólo más recientemente se está imponiendo la idea de una "estrategia industrial", lo que le da "esperanza" a condición de que no se pierda tiempo para hacer ajustes.
En concreto, su argumentación es que "el vehículo eléctrico no es más que una de las soluciones" para la descarbonización, y que el principal problema de las emisiones son los automóviles que están en circulación y que van a seguir contaminando muchos años a menos de que haya una renovación masiva del parque.
A ese respecto, destaca que los nuevos modelos de combustión que respetan la norma Euro 6 han reducido "en un 90 %" los contaminantes y "la eficiencia energética también ha mejorado mucho".
Más allá de facilitar la renovación del parque automovilístico, De Meo considera que también hay que trabajar en los carburantes, que ofrecen un margen de mejora en las emisiones, y promover en los diez próximos años la tecnología de los híbridos enchufables.
Preguntado sobre si sigue siendo pertinente la meta que Renault se ha fijado para que en 2030 (cinco años antes de la obligación reglamentaria) todos los modelos que ofrezca al mercado europeo sean eléctricos, el consejero delegado del grupo del rombo reconoce que "no estamos todavía en la buena trayectoria para llegar al 100 % de vehículos 100 % eléctricos en 2035".
Afirma que si los clientes no están en línea con esos objetivos reglamentarios, "todos somos responsables". Y eso significa que los fabricantes tienen que reducir los costos de producción, pero también hay que acelerar en el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica y que la electricidad descarbonizada tiene que ser más barata y en mayor cantidad.
En resumen, el problema es que si bien el debate público se ha centrado en la fecha de 2035 por el fin definitivo de la venta de vehículos de combustión nuevos, los fabricantes están preocupados por las obligaciones de resultados que tienen a más corto plazo.
"Las normas actuales son ya extremadamente severas y costosas", repite De Meo.