Bruselas, 9 feb (.).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea urgieron este jueves a poner en marcha un plan para potenciar las industrias limpias europeas, facilitando las ayudas públicas y acelerando los permisos para nuevos proyectos, con el fin de hacer frente a los masivos subsidios que Estados Unidos o China ofrecen al sector.
Los Veintisiete discrepan sobre hasta qué punto flexibilizar las normas de ayudas de Estado, algo que se concretará cuando haya una propuesta definitiva de Bruselas, y dejan para más adelante el debate sobre si será necesario crear un fondo común para financiar este esfuerzo.
"Tenemos que mantener nuestra ventaja en el desarrollo, fabricación y despliegue de las tecnologías limpias, especialmente en el contexto de la ley de reducción de inflación (de Estados Unidos)", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa al término una reunión marcada por la visita del presidente ucraniano, Volodymir Zelenski.
Los líderes debatieron el Plan Industrial del Pacto Verde propuesto la semana pasada por la Comisión en respuesta a la ley de Washington y sus 370.000 millones de dólares en subsidios para tecnologías verdes de producción estadounidense, que amagan con empujar a algunas empresas europeas a marcharse al otro lado del Atlántico.
Aunque continúan las negociaciones con Estados Unidos para que las firmas europeas reciban un trato favorable, la UE ha optado por adoptar su propia estrategia para recuperar competitividad también frente a China, Japón o India, que prevén inversiones masivas en la industria "verde".
"La UE actuará decisivamente para garantizar su competitividad, prosperidad y papel en la escena global a largo plazo", afirman las conclusiones aprobadas por los líderes, que piden a la Comisión trabajar con "urgencia" para agilizar las ayudas de Estado y movilizar los fondos europeos disponibles.
Respaldan la propuesta de flexibilizar las normas sobre ayudas públicas para facilitar que los Gobiernos den subsidios, incluidas desgravaciones fiscales, pero insisten en que el apoyo debe ser "específico, temporal y proporcionado" y dirigirse a sectores estratégicos afectados por los subsidios extranjeros o los altos precios de la energía.
Varios Estados temen que la medida desemboque en una carrera de subsidios, no solo con terceros sino dentro del propio mercado europeo, y dé una ventaja desproporcionada a los países con más margen fiscal, sobre todo tras haber constatado que Alemania y Francia coparon más de dos tercios de las ayudas públicas avaladas por Bruselas en la pandemia.
París y Berlín son los principales defensores de la flexibilización, mientras que Holanda y los nórdicos son los más reacios a una medida que España apoya siempre que sea temporal y limitada a algunos sectores, según explican fuentes del Gobierno.
España cree que existe riesgo de fragmentación del mercado único, pero también de que las empresas "se vayan a Estados Unidos", por lo que está abierta incluso a permitir que los Estados igualen los subsidios de países extracomunitarios cuando haya peligro de que una compañía abandone el continente, algo sobre lo que de momento no hay consenso.
Para compensar esta flexibilización y equilibrar las condiciones en los Veintisiete, los líderes llaman a utilizar también financiación europea procedente de instrumentos que ya en marcha, como el Banco Europeo de Inversiones.
"Si tenemos en cuenta lo que pueden hacer los Estados con la adaptación del régimen de ayudas de Estado, además de la financiación europea existente, es mucho el dinero que puede dirigirse a ciertos sectores", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien aseguró que se ha adoptado un enfoque "pragmático".
A más largo plazo, la Comisión propone crear un "fondo de soberanía" con financiación europea, pero la propuesta llegará en verano y entre los Veintisiete predomina la idea de que antes de crear nuevos instrumentos, deberían explotarse los existentes y analizar las necesidades del sector.
Más allá de facilitar financiación, los líderes piden al Ejecutivo comunitario acelerar trámites administrativos y permisos para la producción, garantizar el acceso a materias primas críticas, modificar las normas sobre licitaciones públicas para fomentar las industrias limpias; y mejorar la formación.
Abogan además por cerrar acuerdos comerciales con otros países para diversificar fuentes de suministros, así como por usar los instrumentos de defensa comercial ante prácticas desleales.
Tras el debate, la Comisión plasmará estas iniciativas en propuestas legislativas concretas de cara a la cumbre de marzo.