Barcelona, 12 nov. (.).- Los procedimientos de segunda oportunidad ante insolvencia económica, tanto de empresarios, autónomos y consumidores, se han disparado en España, al pasar de 1.885 peticiones en 2016 a 36.996 el pasado año, con lo que se acercan a un nivel parecido al de países del entorno europeo.
Así se desprende de un informe del Observatorio de la Insolvencia Personal, presentado hoy en el Colegio de la Abogacía de Barcelona en presencia de representantes del colectivo L'Aliança, que desde 2021 fomenta esta práctica de segunda oportunidad económica, que España permite por ley desde 2015 y a la que en 2023 se acogieron 7 de cada 10.000 habitantes para cancelar sus deudas y volver a empezar.
La ley de segunda oportunidad permite exonerar, mediante un proceso judicial, la deuda pendiente de empresarios, autónomos y consumidores insolventes o acordar un plan de pago en cinco años, una vez liquidado su patrimonio, siempre que se demuestre que el deudor actuó de buena fe y que no ha cometido delitos económicos en diez años.
Este tipo de procedimientos para dar una segunda oportunidad a personas en quiebra, muy habituales en Estados Unidos y en otros países europeos, arrancaron en España muy tímidamente, con 1.885 casos en 2016, 2.752 en 2017, 3.900 en 2010, 6.340 en 2019 y 8.507 en 2020.
A partir de 2021, cuando nació L'Aliança -con representantes de entidades empresariales como PIMEC y la CECOT y sociales como la Mesa del Tercer Sector o Cáritas- para potenciar estos procedimientos, el crecimiento ya fue más abultado: ese año hubo 13.943, en 2022 fueron 20.579 y en 2023 se dispararon hasta los 36.996.
Además, en el primer semestre de este año ya se han presentado un total de 25.468 procedimientos.
Según los datos del informe, desde 2022, cuando por ley se puso un tope máximo de 10.000 euros para las deudas con Hacienda o la Seguridad Social, se ha detectado una caída del porcentaje de empresarios y autónomos aspirantes al perdón de la deuda, hasta el punto que los consumidores supusieron el 90 % del total en 2023 y el 94 % en el primer semestre de 2024.
En concreto, de los 20.579 casos en 2022, 15.442 (un 75 %) eran consumidores, y 5.137 (un 25 %), empresarios o autónomos, mientras que de los 36.996 procedimientos de 2023, 33.268 (un 90 %) eran consumidores y 3.728 (un 10 %) empresarios, y de los 25.468 procesos en los dos primeros trimestres de 2024, 23.867 (94 %) son consumidores y los 1.601 restantes (6 %) empresarios o autónomos.
De todos los procedimientos presentados para acogerse hasta ahora a la segunda oportunidad, en España se autorizan de media el 95 % de los casos, al comprobarse en el proceso judicial que la persona en quiebra actuó de buena fe.
De hecho, varios de los insolventes que se han acogido a esta segunda oportunidad arrastraban deudas de la crisis financiera de 2008, mientras que, según los autores del informe, fenómenos con impacto económico como la pandemia del coronavirus o la trágica dana en València también llevan a personas arruinadas a este tipo de procedimientos.
Con la evolución al alza de estos procedimientos, España se acerca al nivel de países europeos con estas prácticas mucho más consolidadas: en España se dieron el pasado año siete procesos de insolvencia por cada 10.000 habitantes, en Alemania, 11, y en Francia, 18.
En comunidades como Cataluña -donde el pasado año hubo 10.640 procedimientos-, la ratio es incluso superior a la de Alemania, con 13 casos por cada 10.0000 habitantes.
Para seguir fomentando este tipo de procesos, el Observatorio ha convocado para enero próximo en Barcelona el segundo congreso europeo de la segunda oportunidad.
El decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Jesús M. Sánchez García, ha destacado que la ley de la segunda oportunidad aprobada en 2015 permite que el Código Civil del siglo XIX todavía vigente en España -que establece que se responderá a las deudas con los bienes presentes y futuros- no sea una "losa" para las personas en quiebra que se han endeudado de buena fe y les permite volver a empezar.