Madrid, 17 jun (.).- Los proyectos adjudicados en la primera subasta renovable del periodo 2020-2025, celebrada el pasado 26 de enero, generarán más de 25.000 puestos de trabajo y movilizarán una inversión de más de 2.000 millones de euros, según los planes estratégicos de las empresas promotoras.
En torno a 13.500 empleos corresponderán a instalaciones eólicas y unos 14.000 estarán vinculados a instalaciones fotovoltaicas y se estima que más de 12.000 puestos de trabajo serán empleos directos, que se concentrarán en su mayor parte en los ámbitos local y regional, señala el Ministerio de Transición Ecológica en un comunicado.
Por lo que respecta a la movilización de la inversión, el ministerio calcula que cerca de 1.155 millones de euros irán asociados a la tecnología fotovoltaica y 997 a la eólica, con una media de la inversión por unidad de potencia instalada prevista de 0,67 millones de euros por cada MW.
La potencia de las instalaciones proyectadas asciende a un total de 3.034 MW, lo que permitirá cubrir toda la adjudicación de la subasta.
Se calcula que su puesta en marcha evitará cada año la emisión de unos 2,6 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supondrá unos 80 millones de toneladas a lo largo de su vida útil, al desplazar a centrales que empleen combustibles fósiles.
La resolución por la que se convoca la subasta establece la obligación de que los adjudicatarios aporten un plan estratégico en las solicitudes de inscripción que incluya aspectos como la descripción general de las inversiones, la estrategia de compras y contratación, las estimaciones de impacto sobre el empleo.
Y sobre las oportunidades para la cadena de valor industrial, un análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida de las instalaciones y una estrategia de economía circular vinculada al tratamiento de los equipos al final de su vida útil.
Los adjudicatarios han presentado 36 planes estratégicos con diferente grado de concreción que tendrán que completar con información más detallada en los siguientes pasos de la tramitación, ha explicado el ministerio, que publicará próximamente un formulario que servirá como guía para la presentación definitiva de los planes.
Las prioridades estratégicas que han descrito hasta ahora se centran en promover la contratación local y regional de personal, priorizar la contratación de proveedores y suministradores cercanos a las zonas de implantación de las instalaciones y asegurar la cadena de aprovisionamiento con compromisos sociales y éticos, criterios de sostenibilidad, equidad social y respeto al medio ambiente.
La resolución de convocatoria de la subasta estipula un plazo de seis meses desde la inscripción en el registro electrónico del régimen económico de energías renovables para que los promotores identifiquen las instalaciones que proyectan construir para atender a los compromisos de entrega de energía derivados de la subasta.
La normativa permite identificar una potencia a instalar hasta un 50 % superior a la potencia inscrita en el registro en la fase anterior. En este punto de la tramitación, donde el conocimiento de las instalaciones será mayor, los promotores deberán aportar versiones actualizadas de sus planes estratégicos y concretar, con mayor grado de detalle y exigencia, los aspectos relativos a los proyectos identificados.
Una vez finalizadas las instalaciones, los promotores tendrán que aportar un plan estratégico definitivo, que deberá recoger el nivel de cumplimiento de las previsiones realizadas en los planes estratégicos anteriores.
Los planes se encuentran disponibles en la página web del ministerio para su consulta, seguimiento y evaluación por parte de los sujetos, administraciones y colectivos interesados.