Madrid, 11 mar (.).- El grupo húngaro Magyar Vagon deberá pedir autorización al Gobierno para la compra de la totalidad del capital de Talgo (BME:TLGO) una vez que presente formalmente la opa anunciada la semana pasada, que luego será analizada en la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX).
Una vez solicitada la autorización, la Junta -en la que participan los ministerios de Economía, Hacienda, Exteriores, Industria y Defensa, entre otros, y cuyas decisiones no son vinculantes- dispone de un plazo de tres meses para elevar su informe al Consejo de Ministros, aunque hay cierta flexibilidad en función de las necesidades de información y la complejidad de la operación.
Este órgano analiza, también, entre otras muchas operaciones, la posible compra de hasta el 9,9 % de Telefónica (BME:TEF) por parte de Saudie Telecom Company (STC), movimiento que tuvo respuesta del Gobierno español con el anuncio de la entrada en la operadora de telecomunicaciones con un 10 % del capital por su carácter estratégico y sus contratos en el área de defensa.
El control de inversiones en vigor hasta finales de 2024
El control de inversiones se ampara en un reglamento de la Unión Europea de marzo de 2019, impulsado sobre todo por Alemania, que quería protegerse de compras de terceros, fundamentalmente de China, en empresas del sector tecnológico, según expertos consultados por EFE.
El fenómeno es común en los países desarrollados, especialmente tras el inicio de la guerra en Ucrania, como confirma un informe de la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), que constata que, a lo largo de 2021, se introdujeron sistemas de refuerzo para proteger a las empresas estratégicas de las adquisiciones extranjeras.
Este organismo de Naciones Unidas destaca que, en el primer trimestre de 2022, se produjo un aumento espectacular en la adopción de políticas de inversión extranjera, derivadas de las sanciones y contrasanciones que afectan a las entradas y salidas de inversión extranjera directa de Rusia y Bielorrusia.
La Comisión Europea publicó en abril de 2022 orientaciones a los Estados miembros para garantizar una mayor vigilancia de las entradas de fondos procedentes de Rusia y Bielorrusia.
Además las instituciones europeas animaron a los Estados miembros a impulsar estos esquemas de control de inversiones. Actualmente solo dos Estados no tienen o no contemplan implementar mecanismos así.
63 operaciones autorizadas en 2022
En este contexto, España aprobó en julio de 2023 un Real Decreto (RD) de inversiones extranjeras, que a su vez modifica la Ley de 2003 de régimen general de movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior, para acomodar la legislación española al nuevo marco comunitario. El RD tuvo un desarrollo posterior en una orden ministerial, de enero de este año.
Las normas de control temporal de inversiones están vigentes hasta finales de este 2024.
Los últimos datos publicados sobre control de inversiones, relativos a 2022, reflejan que en ese año -el segundo completo en que está vigente el mecanismo- la JINVEX recibió 98 solicitudes de autorización de inversiones, un 27 % más que en 2021.
De esas 83 solicitudes, 10 fueron desestimadas. De las 73 restantes, 63 fueron autorizadas sin medidas de mitigación, al no ver riesgos significativos para la seguridad; en 9 casos se aceptaron, pero con medidas de mitigación; y una operación no fue autorizada porque era imposible establecer medidas eficaces, según la información oficial.
Entre esas medidas de mitigación adoptadas destacan las encaminadas a garantizar el suministro de determinados bienes o servicios considerados fundamentales, para limitar el acceso del inversor a información sensible, para mantener determinadas capacidades y para evitar pérdida de soberanía, entre otras.
De las 73 operaciones informadas por la Junta, solo tres tenían como inversor último a residentes en la UE o en la Asociación Europea de Libre Comercio.
En 2022, en el 45 % de los casos el origen del inversor último es Estados Unidos, seguido de Reino Unido (13 %), China y Emiratos Árabes Unidos (7 % en ambos casos), con pesos similares a los que se detectan en el conjunto de la UE.
La mayor parte de las operaciones se examinaron por estar relacionada la sociedad española con tecnologías críticas, con el suministro de insumos fundamentales o por tener acceso a información sensible.