Ciudad de Panamá, 24 dic (.).- La canadiense First Quantum Minerals (FQM) y su subsidiaria Minera Panamá han comenzado las gestiones para iniciar dos procesos de arbitraje contra Panamá, después de que ésta ordenara el cese de las operaciones comerciales de la mina cobre que explotan en el país.
El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) ha informado este sábado de que se trata de "un arbitraje comercial contra Panamá bajo el contrato de 1997, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia; y un arbitraje de inversión bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá (TLC)".
"A lo largo de este proceso, el Gobierno de Panamá ha trabajado con asesores legales internacionales y panameños preparándose para todos los posibles escenarios, en miras a garantizar la defensa de los intereses nacionales y los derechos de los trabajadores de la mina", ha indicado en un comunicado el Ministerio.
En la nota, se recuerda que el Mici emitió el lunes pasado una resolución que ordena a Minera Panamá a "ejecutar un plan de cuido y mantenimiento para la mina de Cobre Panamá", lo que conlleva el cese de operaciones comerciales, del que "el Gobierno fiscalizará su pleno cumplimiento".
El Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo ordenó el pasado 15 de diciembre el cese de operaciones, después de que no se llegara a un acuerdo con la empresa subsidiaria de FQM para firmar un nuevo contrato de concesión de la mina de cobre, la más grande de Centroamérica, con una inversión de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores.
Se trata de la Mina Cobre Panamá, que comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019.
En 2021 el valor de las exportaciones de concentrado de cobre llegaron a 2.813,4 millones de dólares, lo que supone el 75 % de todas las ventas al exterior de Panamá, según la empresa.
Esta mina panameña representa el 45 % de la producción total de FQM, que explota otros yacimientos en varios países, según la prensa local.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional mediante un fallo del 21 de diciembre de 2017, pero difundido en septiembre de 2018, la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina, dada primeramente a otra empresa cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá S.A. (MPSA).
UNA NEGOCIACIÓN FALLIDA TRAS UN ACUERDO
El Gobierno y MPSA comenzaron a negociar el nuevo contrato en septiembre de 2021.
En enero pasado lograron un acuerdo que incluía elevar del 2 % a entre el 12 % y 16 % el dinero que pagará la empresa por explotar la mina, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, "10 veces más" de lo que ha aportado la empresa anteriormente; y el pago de impuestos, de los que hasta ahora estaba exenta la mina.
Pero a lo largo de este año, durante la redacción del nuevo contrato, no fue posible incluir los términos del acuerdo de enero, se ha quejado el presidente panameño, quien ha dicho que su Gobierno no puede "seguir en un jueguito (con la minera) en el que llegamos a un acuerdo y después mandan otra propuestas, nos dicen que hay otras condiciones adicionales".
"Hemos declarado públicamente desde enero que nuestro acuerdo con este beneficio económico (de 375 millones de dólares anuales) debe estar sujeto a ciertas protecciones en caso de que los precios de los metales o la rentabilidad caigan significativamente. Estas protecciones fueron acordadas con el Gobierno de Panamá", ha señalado por su parte FQM.
La empresa ha insistido en que "el contrato de Minera Panamá permanece en pie legal" porque fue renovado en el 2017 por un período de 20 años, una tesis que niegan sectores ambientalistas y abogados con el argumento de que el fallo del Supremo anuló la concesión.
La mina sigue funcionando en un clima de incertidumbre, como han expresado dirigentes laborales.