(Actualiza con declaraciones de la ACT)
San Juan, 27 jun (EFEUSA).- La agencia de calificación Moody's rebajó hoy la calificación que confiere a las empresas públicas de Puerto Rico encargadas de la gestión del agua y el transporte, ante la posibilidad de que estas compañías se acojan a la ley de quiebras recién aprobada por el Gobierno local.
Tal y como ya hiciera el jueves con la compañía pública que controla el suministro eléctrico, Moody's bajó hoy la calificación de las Autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de Carreteras y Transportación (ACT), para dejarlas en Ba3, el tercer nivel dentro del grado especulativo ("chatarra"), el mismo en que está la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
"Las rebajas de calificación, tanto para la ACT como para la AAA, reflejan la decisión del Estado Libre Asociado de permitir la reestructuración de los pasivos de las sociedades públicas, lo que demuestra una voluntad y capacidad de pago de sus obligaciones más débil que la del Estado".
La ley, que se espera que sea firmada en cualquier momento por el gobernador Alejandro García Padilla, "implica un riesgo creciente de que el Estado Libre Asociado está considerando una reestructuración estratégica de la deuda de sus corporaciones públicas".
En el informe difundido hoy sobre esta decisión, Moody reconoce que la ACT y la AAA "han dado pasos hacia la autosuficiencia al elevar los ingreso", y asegura que, "si bien su liquidez interna es débil, no se enfrentan a necesidades inmediatas de liquidez que les obligarían a buscar la reestructuración de la deuda a corto plazo".
"Sin embargo, estas entidades tienen obstáculos de más largo plazo, incluyendo la disminución de su capacidad para recaudar nuevos ingresos de explotación o de imponer medidas de austeridad, dada la débil economía de la isla y sus propias cargas de endeudamiento".
"La AAA también se enfrenta a necesidades de capital sustanciales para proyectos no discrecionales si quiere cumplir con los mandatos ambientales", apunta Moody's, que recuerda que el Gobierno de la isla ha dejado claro que el pago de las deudas no estará por encima de la obligación de estas empresas de ofrecer sus servicios esenciales a la ciudadanía a costes razonables.
En opinión de esta agencia de calificación, "la preparación de un camino legal a la reestructuración de la deuda pone de relieve las presiones económicas que enfrenta el estado en su conjunto".
Tras la publicación de este informe, el presidente ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro, quiso destacar que la propia agencia reconoce que la bajada de la calificación se debe la aprobación de la nueva ley y no a nuevos problemas de liquidez.
"Esto se debe, en gran medida, a que al inicio de nuestra gestión tomamos las decisiones responsables para atender la situación económica de la AAA y alcanzar la salud fiscal de la agencia", defendió en un comunicado.
En ese sentido, recordó que "establecimos un plan estratégico dirigido a maximizar la eficiencia, reducir la pérdida de agua, mejorar el cobro de cuentas en atraso y atender el hurto, entre otras" medidas.
"Además, hemos cumplido con nuestras obligaciones y nuestros acreedores. Estamos confiados en que terminaremos el año fiscal sin déficit y estamos invirtiendo en obra de capital, generando empleos y desarrollo económico", aseguró.
Por ello, "entendemos que en la AAA no existe condición alguna que nos lleve a pensar en reestructurar la deuda".
Por su parte, el director ejecutivo de la ACT, Javier Ramos Hernández, apuntó que su empresa "está comprometida con los bonistas que nos honran con su confianza", aunque reconoció que "se están auscultando opciones reales para enfrentar y superar la crisis".
"Ya se estableció un estricto control de gastos en la operación para mantenerlos igual o por debajo de los ingresos", señaló en un comunicado, en el que apuntó que "estos tiempos difíciles como los que vivimos exigen unidad de propósitos y voluntades para sacar a Puerto Rico adelante".