San Juan, 1 jul (EFE).- Moody's rebajó hoy tres escalones la calificación de las obligaciones generales de Puerto Rico, para dejarlas en el nivel de inversión "altamente especulativa" (de Ba2 a B2), así como la de varias entidades públicas, debido a la reciente aprobación de una ley que regula la quiebra de esas corporaciones.
"Al proporcionar cobertura para el impago de algunos emisores que el Gobierno ha apoyado durante mucho tiempo, la nueva ley de Puerto Rico marca el final de la larga historia del Estado Libre Asociado de tomar las acciones necesarias para apoyar su deuda", explicó Moody's en un comunicado.
Para esta agencia, la nueva ley, que fue firmada por el gobernador Alejandro García Padilla el pasado fin de semana tras una atropellada tramitación legislativa, "indica el agotamiento de su capacidad para aumentar los ingresos e implementar medidas de austeridad, y una nueva preferencia por desplazar la presión fiscal hacia los acreedores".
Esa decisión, para los analistas de Moody's "tiene implicaciones para toda la deuda de Puerto Rico, incluyendo la del Gobierno central", por lo que ha revisado las calificaciones de un total de 61.000 millones de dólares en deuda.
Así, ha rebajado la calificación de las obligaciones generales de Puerto Rico de Ba2 a B2, con una perspectiva negativa, cuyo importe asciende a un total de 14.400 millones de dólares.
También ha revisado los 15.600 millones de dólares en diferentes tipos de bonos emitidos por la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) de Puerto Rico -que se financia con los ingresos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)-, con la misma perspectiva.
"Las nuevas calificaciones de las obligaciones generales y de los bonos de COFINA se enfrentan a un mayor riesgo de impago, dada la situación de estancamiento económico del Estado Libre Asociado y de la carga de la deuda desproporcionadamente grande", advierte.
Tampoco se ha salvado la calificación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE, o PREPA por su sigla en inglés), la compañía pública que monopoliza el suministro eléctrico en la isla y sobre la que se especula que será la primera en acogerse, en cualquier momento, a la protección de la nueva ley para tratar de renegociar su deuda.
La nota de la deuda de esa empresa pasa así de Ba3 a Caa2, equivalente a "extremadamente especulativa", mientras que la de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) pasa de Ba3 a Caa1, que se refiere a las inversiones con "riesgo significativo".
La misma evolución tuvo la nota que la agencia confiere a la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), cuyos bonos quedaron en Caa1 y Caa2.
Moody's advierte además que las notas de estas tres últimas entidades públicas -así como la que gestiona el Centro de Convenciones de San Juan- permanecen en revisión con la posibilidad de volver a ser rebajadas.
La deuda del Banco Gubernamental de Fomento también fue degrada de Ba2 a B3, lo que se reserva para una inversión "altamente especulativa", y la de la Universidad de Puerto Rico cayó hasta Caa1 y Caa2, según los tipos de bonos.
"Las rebajas de Puerto Rico y sus entidades emisoras de deuda siguen a la promulgación de una ley que permitirá a las corporaciones públicas aplazar o reducir los pagos de los bonos en circulación", aclara una vez más Moody's en una nota enviada a sus inversores.
A su juicio, la aplicación de una ley que ha sido bautizada a nivel local como la "quiebra criolla" puede "limitar aún más el acceso al mercado" de Puerto Rico, "dejándolo más vulnerable a los riesgos financieros y sin poder financiar proyectos de capital".
Para Moody's, existe un "riesgo creciente" de que las citadas entidades públicas "dejen de pagar voluntariamente" sus deudas al amparo de nueva ley.
La agencia también ha rebajado la calificación de la Compañía de Fomento Industrial de la isla (PRIDCO), la Autoridad de Financiación de Infraestructuras (PRIFA), la Agencia de Finanzas Municipales y de bonos emitidos sobre fondos de pensiones.