Guatemala, 9 ago (EFE).- Sindicalistas de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) de Guatemala ocuparon hoy las instalaciones del puerto Quetzal, en el Pacífico del país, en rechazo a la decisión del gobierno de conceder en usufructo la administración de ese fondeadero a una firma española.
Lázaro Reyes, secretario general del sindicato de trabajadores de la EPQ, dijo a los periodistas que los empleados se declararon "en asamblea permanente" en el interior de las instalaciones del puerto, para analizar las repercusiones negativas que la concesión otorgada por el Gobierno pueden traer a los trabajadores.
Hace tres semanas, la EPQ, administradora del puerto Quetzal, concedió a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), subsidiaria de la española Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB), la operación de los contenedores que entran y salen de ese fondeadero, por un plazo de 25 años.
Los sindicalistas impiden el ingreso y salida de los furgones en el puerto, y advirtieron de que continuarán con esas "medidas drásticas" hasta que el gobierno de marcha atrás en su decisión.
Por órdenes del presidente de la república, Otto Pérez Molina, un fuerte contingente de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fragatas de la Marina de Guerra del Ejército han sido enviados al puerto para desalojar a los trabajadores, pero aún no han actuado.
Fuentes oficiales aseguraron que el ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López Bonilla, y "altos cargos" del Ministerio de la Defensa, fueron enviados al lugar para "negociar" con los sindicalistas antes de proceder con el desalojo.
El interventor de la EPQ, Allan Marroquín, dijo a los periodistas que "se tomarán todas las medidas necesarias" para garantizar que el puerto continúe con sus labores normales.
Además, aseguró que las protestas de los sindicalistas "no tienen razón" porque el contrato suscrito con la empresa española "no viola los derechos de los trabajadores" y no se tiene la intención de despedir a ningún empleado.
El martes el presidente Pérez Molina decidió aplazar por diez días la ratificación del contrato de concesión de la administración del puerto Quetzal a TCB, para analizar si el documento tiene alguna ilegalidad como afirman los sindicalistas y diputados de oposición.
"Si encuentran ilegalidades, personalmente lo voy a suspender, no permitiré actos fuera de la ley", dijo el mandatario a los periodistas luego de reunirse con los directivos de los tres sindicatos de la EPQ.
El gobernante desmintió las versiones sobre una supuesta privatización del puerto, así como los temores de los sindicalistas de que con la llegada de la firma española habrá despidos masivos.
El contrato concedido a TCB, otorga a esa empresa "en usufructo" un área de 350.000 metros cuadrados para la construcción de un embarcadero con capacidad de recibir a los buques más grandes del mundo.
A cambio, la empresa española pagará a la EPQ un millón de dólares anuales fijos por detentar el usufructo y cuatro dólares por cada contenedor que reciba en el puerto.
TCB, que no se ha pronunciado aún sobre el asunto, prevé hacer una inversión inicial de 120 millones de dólares.
La firma española fue seleccionada entre cinco empresas internacionales que manifestaron interés por administrar el movimiento de los contenedores en puerto Quetzal. EFE