Bruselas, 1 dic (.).- Los países de la Unión Europea (UE) llegaron este jueves a un acuerdo para obligar a las grandes empresas a identificar y mitigar el impacto que tienen sobre el medio ambiente y los derechos humanos tanto su actividad como las de sus subsidiarias y socios empresariales.
El compromiso alcanzado por los ministros de Industria durante su reunión en Bruselas prevé un trato diferente para el sector financiero, dejando en manos de los Estados miembros decidir si les aplican estas normas.
Este acuerdo servirá de base para negociar ahora con la Eurocámara el texto definitivo de la directiva de diligencia debida corporativa que busca que las empresas tengan que identificar, pero también actuar, cuando detecten conductas como trabajo forzado o contaminación por parte de sus proveedores o socios empresariales.
"Para lograr los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la UE, es importante que las empresas identifiquen y prevengan, poniendo fin o mitigando el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente", dijo el ministro de Industria checo, Jozef Sikela, cuyo país preside este semestre el Consejo.
"Un comportamiento responsable de las empresas que producen ropa, teléfonos móviles y otros objetos de uso diario es algo que también empieza a preocupar cada vez más a los consumidores europeos", añadió en un comunicado.
Las normas se aplicarán a las empresas que tengan más de 500 empleados y una facturación mundial anual de más de 150 millones de euros, ya sean firmas de la UE o de terceros países que tengan actividad en el bloque comunitario.
Para introducirlas de forma escalonada, este objetivo tendrá que lograrse en los 4 años tras la entrada en vigor, mientras que a los 3 años deberá aplicarse ya a las firmas con más de 1000 trabajadores y 300 millones en facturación.
Estas firmas tendrán que vigilar el impacto de su "cadena de actividad"; es decir, de sus proveedores y, de manera más limitada, el de sus clientes, ya que se ha dejado fuera la fase de uso de los productos de la empresa o la provisión de servicios, explicó el Consejo.
Durante la negociación, los Estados contemplaron que en el caso del sector financiero las normas afectasen en mayor medida a los clientes, la parte más importante de su cadena, algo a lo que se opusieron España, Francia e Italia, así como algunos Estados más pequeños.
España consideraba que esta "excepción" para el sector hubiera supuesto una alta carga administrativa y dejado a las firmas europeas en clara desventaja frente a las de otras partes del mundo, ya que las empresas tienen más poder para influir sobre sus proveedores que sobre sus clientes, puesto que estos siempre pueden marcharse a la competencia, explicaron fuentes diplomáticas.
Finalmente, el compromiso alcanzado deja en manos de los Estados miembros decidir si aplican la directiva las empresas financieras y reduce los requisitos cuando se proporcionen este tipo de servicios.
"Hay un elemento que nos preocupa, se trata del tratamiento del sector financiero. Queremos equipararlo con el resto de sectores ya que, de lo contrario, nuestras entidades estarían en desventaja competitiva y la financiación a la economía se dificultaría", dijo durante el debate la ministra de Industria española, Reyes Maroto.
España y Francia defendieron que dejar la acción en manos de los Estados podría fragmentar el mercado único, por lo que hubieran preferido directamente alinear el trato de las empresas financieras con el de otros sectores.
Sin embargo, organizaciones como Oxfam o Global Witness han criticado que este acuerdo diluye la directiva. Esta última criticó que, además de dejar fuera al sector financiero, el texto prevé que las empresas no sean responsables por daños medioambientales y no incluye requisitos climáticos para las actividades empresariales.
"Deja a los financiadores de los combustibles fósiles, la deforestación y la violación de derechos humanos fuera del alcance" de la norma, criticó la Coalición Europea por la Justicia Corporativa.
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