Berlín, 21 oct (.).- La cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) dio este viernes luz verde a la financiación del plan del Gobierno para invertir 200.000 millones de euros en la imposición de topes al precio del gas y de la electricidad.
Los diputados de la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales votaron a favor de que el presupuesto extraordinario conocido como Fondo de Estabilización Financiera pueda a partir de ahora asumir créditos por valor de ese importe.
El Ejecutivo del canciller Olaf Scholz planea invertir los 200.000 millones entre 2022 y 2024 para financiar medidas de alivio a ciudadanos y empresas y sobre todo para introducir topes a los precios de la electricidad y del gas.
Aunque los mecanismos concretos a este efecto todavía no han sido consensuados, los planes del Gobierno pasan por subsidiar el coste de un determinado contingente mensual para particulares y empresas.
"El Bundestag acaba de decidir la puesta a disposición de 200.000 millones de euros para frenar los precios energéticos, excesivamente elevados", escribió Scholz en su cuenta de Twitter (NYSE:TWTR).
El canciller agregó que se trata de una "buena noticia" para todos los que miran con preocupación la subida de los costes adicionales incluidos en el alquiler, así como para talleres y negocios.
Mathias Middelberg, el vicepresidente del grupo parlamentario conservador, que votó en contra de la medida -mientras que la ultraderechista y la formación La Izquierda se abstuvieron- criticó que el Gobierno quiere "meter en un saco" 200.000 millones sin tener claro qué va a hacer con ellos.
"Nadie en este país sabe qué es lo que van a hacer ustedes en concreto", aseveró.
La reactivación del Fondo de Estabilización Financiera supone una nueva excepción al freno de la deuda y está previsto que los nuevos créditos sean asumidos este mismo año para que aquel pueda volver a entrar en vigor el año próximo.
Por otro lado, según un informe del Tribunal Federal de Cuentas citado esta semana por medios alemanes, dicho organismo opina que la medida podría ser inconstitucional por contravenir el principio de anualidad.
Éste estipula que los créditos extraordinarios deben corresponder a necesidades actuales, en lugar de ser empleados en años posteriores como prevé ahora hacer el Gobierno.
El fondo de 200.000 euros ha sido además objeto de críticas a nivel europeo, en vista de la oposición alemana a imponer un tope comunitario al precio del gas y por temor a que la medida distorsione el mercado del Bloque.