Madrid, 20 jul (.).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado este martes al Consejo de Ministros el informe sobre el estado de situación de la Política Agraria Común (PAC), de la que España dispondrá casi 48.000 millones de euros y cuyas nuevas reglas se aplicarán en el país a partir del 1 de enero de 2023.
El acuerdo fue alcanzado a nivel comunitario en Luxemburgo el pasado 28 de junio y ya fue protagonista a nivel nacional de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado 14 de julio.
Planas ha detallado al resto de ministros algunos de sus aspectos más significativos de una PAC que distribuirá las ayudas directas de manera más equitativa y eficiente, para que sea "más justa, más social y más sostenible", según ha explicado en un comunicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El 40 % del presupuesto se destinará a medidas encaminadas a la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, aunque Planas ha precisado que ello no conllevará dejar de lado "la necesaria rentabilidad de las explotaciones".
El ministro ha incidido en que la actividad agrícola y ganadera "es esencial para preservar el tejido económico del medio rural y lograr mantener la población y el talento joven en los pueblos".
Esta PAC incorpora además medidas para afianzar la incorporación de la mujer a la actividad agraria y supone un "marco regulatorio estable" para el sector agroalimentario, que en 20 años ha triplicado sus exportaciones.
De hecho, el ministerio ha recordado que el peso del sector en las exportaciones españolas ya supera el 20 %, hasta los 54.000 millones de euros.
El plan europeo contará también con medidas para mantener a la población en el medio rural, mejorar la rentabilidad del sector y potenciar su competitividad.
Antes de su entrada en vigor, el 1 de enero de 2023, los Estados miembros tienen que presentar a la Comisión Europea (CE) para su posterior aprobación un plan estratégico en el que los países definirán cómo aplicarla en sus territorios para adaptarla a su diversidad agronómica.
Para ello, Agricultura ya presentó el 14 de julio a las comunidades autónomas un documento que servirá de base para la elaboración del plan estratégico.
Aquel día tanto el Gobierno como las comunidades autónomas decidieron avanzar en la negociación técnica de los eco-esquemas -prácticas que contribuyen favorablemente al medioambiente y por las que agricultores y ganaderos recibirán una contraprestación- antes de alcanzar un acuerdo político sobre la aplicación de la PAC, ya que varias regiones pidieron desarrollar más algunos puntos.
De hecho, la propuesta inicial del ministerio no fue sometida a votación, y las partes negociadoras se emplazaron a entablar reuniones de carácter técnico a partir de mañana miércoles para debatir estas ayudas.
El plan estratégico nacional será presentado a Bruselas antes del próximo 30 de diciembre con la dimensión social entre las principales novedades.
Para el pago de las ayudas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas y condiciones laborales; además, habrá un techo máximo de ayudas, fijado en 100.000 euros por beneficiario, una reducción progresiva a partir de los 60.000 euros, con la posibilidad de tener en cuenta los costes salariales a la hora de aplicar estas reducciones y un pago redistributivo.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado hoy los casi 48.000 millones de euros de los que dispondrá España de la PAC y ha alabado el aguante del sector agroalimentario y la resistencia económica mostrada frente a la crisis ocasionada por la pandemia.
"Eso hace que desde el Gobierno tengamos que prestarle una especial atención a un sector que no solamente nos ha suministrado lo más básico, que es la alimentación, sino que ha sostenido la economía de nuestro país. Por ejemplo, en lo relativo a las exportaciones", ha defendido Rodríguez.