Madrid, 30 nov (.).- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) reconoce que la Ley Crea y Crece aprobada el pasado septiembre "es un buen punto de partida" y contiene medidas que mejoran los plazos de pago de las empresas, aunque no soluciona la morosidad, un problema que podría provocar el cierre de 200.000 compañías.
Así lo ha indicado en una rueda de prensa el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, quien ha remarcado la necesidad de poner en marcha un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de la norma, algo que ya existe en países como Francia.
Una misma compañía paga a sus proveedores a 30 días en Francia y en España a 180, lo que se debe a la existencia de ese régimen sancionador, ha señalado Cañete, quien ha añadido que algunas de las grandes empresas del país, en el ámbito privado, deben a sus proveedores unos 82.000 millones de euros por encima del plazo legal de pago (60 días).
Esta situación debería solucionarse con la Ley Crea y Crece, que se aprobó el 15 de septiembre en el Congreso y que incluye medidas como no dar subvenciones a las firmas morosas y la creación de un observatorio de la morosidad que vigilará los plazos de pago, aunque finalmente no incluye un régimen sancionador para las empresas que los incumplan.
A juicio de Cañete, es "absolutamente necesario que la ley se acompañe de un sistema de multas a empresas morosas para así reducir el retraso de los pagos en el ámbito privado", algo que además "ayudaría a mitigar la previsible falta -y encarecimiento- de liquidez a la que se enfrentarán en un futuro próximo las pymes y autónomos".
Sobre el observatorio, Cañete ha dicho que la PMcM espera tener un papel activo y ha dejado claro que "no debería permitirse que esta institución se constituya de forma sesgada desde un sector interesado" y que está dando "informes alterados sobre morosidad", en referencia a Cepyme.
El presidente de la plataforma ha apostado por ejercer un control de los pagos para acceder a subvenciones públicas o a contratación pública, algo que no se estaba haciendo en el año 2020 según el último informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).
Algunos de los datos que incluye este informe es que "de los 1.250 contratos en los que se estaba obligado a comprobar los pagos de los contratistas a subcontratistas, tan solo 27 contenían la información pertinente".