Madrid, 4 nov (.).- La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este lunes, con el apoyo de todos los grupos menos PP y Vox, el informe de la ponencia sobre el proyecto de la ley de eficiencia del servicio público de justicia, que incluye una enmienda para eliminar los visados de oro (golden visa), que conceden permisos de residencia a extranjeros que inviertan en vivienda o deuda pública española.
La Comisión ha dado luz verde, con 20 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, al texto del proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
En relación con esta ley se impulsaron inicialmente 1.100 enmiendas y se ha alcanzado un acuerdo para presentar 106 enmiendas transaccionales.
Ahora, el texto continuará su trámite parlamentario y será debatido en el pleno del Congreso antes de pasar al Senado.
El portavoz del PSOE, Francisco Aranda, ha destacado el gran consenso logrado entre los grupos parlamentarios -todos menos PP y Vox- que han mostrado su apoyo a una ley que ha calificado de "muy necesaria y demandada por el sector": "Una ley valiente que cambia el paradigma de la planta judicial".
Entre las cuestiones incluidas en este texto, Aranda ha subrayado aspectos como la renovación de toda la planta judicial, con la instauración de los Tribunales de Instancia y de las Oficinas de Justicia municipales, el mantenimiento de los juzgados de paz, la eliminación de las golden visa, la regulación de la situación de los jueces sustitutos, la especialización de los juzgados de infancia, familia y capacidad, o los avances en los medios alternativos de resolución de conflictos.
Durante el debate de la comisión, el diputado de Sumar Enrique Santiago también ha destacado, por "importantísima", la derogación de la golden visa a propuesta su grupo y ha opinado que es muy positivo aprovechar este proyecto de ley para regular en la disposición final decimosexta la supresión de los artículos del 63 a 67 de la ley apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Ha lamentado, sin embargo, como una pérdida de oportunidad que se haya retirado de la ley durante las negociaciones el bloque relativo a las acciones colectivas para la protección de los consumidores.
Por su parte, los diputados de JXCat y ERC han celebrado la preservación de los Juzgados de Paz -órganos que el Gobierno había propuesto sustituir por oficinas de justicia-, ya que para ambos esta era una de las líneas rojas en la negociación.
Josep Pagès i Massó (JxCat) ha explicado que con la eliminación de los juzgados de paz desaparecía una competencia propia de la Generalitat de Cataluña, lo que no era aceptable para este grupo, y Pilar Vallugera ha defendido también este órgano como una figura histórica en el territorio.
En el otro lado de la moneda, los diputados del PP y de Vox han sido muy críticos con el proyecto de ley.
El diputado Fernando de Rosa ha sido muy duro en su discurso y ha criticado al Gobierno por seguir adelante con la tramitación de esta ley en plena gestión de la crisis por la dana, que ha dejado en la Comunidad Valenciana 210 muertos.
"¿Por qué no han tenido alma con todos los que están sufriendo en estos momentos miles y miles de personas? ¿Por qué han optado por la política fría, mecánica y sin corazón?", se ha preguntado el parlamentario.
De Rosa también ha censurado que se hayan introducido cuestiones totalmente ajenas a la eficacia de la Justicia, como una enmienda del PSOE para modificar la ley reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
"¿Se trata de otro pago a Bildu? ¿Tiene que ver con Puigdemont? ¿Por qué hace referencia a la ejecución de una orden europea de detención y de entrega?", ha cuestionado.
Por su parte, el diputado Juan José Aizcorbe (Vox) ha lamentado que, "cuando más necesario era" este proyecto de ley ante un "fallido estado de las autonomías", ineficiente y "fratricida", esta iniciativa se ha tramitado "con absoluto desprecio a las mínimas normas legislativas, de forma precipitada e incompatible con un estudio verdaderamente profundo de una iniciativa tan trascendente".
La normativa de las "golden visa" -que conceden la residencia a extranjeros que inviertan más de 500.000 euros en vivienda, más de un millón en empresas españolas o más de dos millones en deuda pública- se aprobó en 2013.
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