Rato abre dudas sobre el papel del Gobierno y Deloitte en la crisis de Bankia

Madrid, 20 dic (EFE).- La declaración del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, hoy en la Audiencia Nacional ha abierto dudas sobre el papel que pudo haber jugado el Gobierno y la auditora Deloitte en la crisis que precipitó su salida de la entidad, que decidió ante la pérdida de confianza del Ministerio de Economía.

Durante casi tres horas de interrogatorio, las mismas que aguardaron a las puertas del tribunal centenares de afectados por las preferentes de Bankia, Rato ha desvelado que el Ejecutivo le pidió un nuevo plan para la entidad a pesar de que el anterior tenía el visto bueno del Banco de España, han informado fuentes jurídicas.

Para cumplir con las provisiones inmobiliarias impuestas por el Gobierno, el grupo presentó un plan que se completó con otro, elaborado por Deloitte, para resolver algunas dudas sobre la matriz de Bankia, BFA, y que el 17 de abril recibió el visto bueno del Banco de España, la misma institución que le animó a crear el grupo.

Sin embargo, inmediatamente después, Economía pidió a Rato que hiciera un nuevo plan aún más exigente, en el que contemplara un batacazo de la economía, peor que las previsiones más pesimistas.

Con el convencimiento de que Bankia podría salir adelante, el equipo de Rato diseñó a finales de abril una nueva estrategia con la que el grupo soportaría escenarios inimaginables y de la que se informó puntualmente al Gobierno.

Pero la aprobación finalmente no se produjo porque, según le trasladaron desde Economía, "esto no es lo que esperábamos", con lo que sintió que había perdido la confianza de las autoridades y que, por ello, debía dimitir.

Además, después de su marcha, el 7 de mayo, Deloitte seguía sin presentar el informe de las cuentas de 2011, aunque Rato ha dicho al juez Fernando Andreu que poco antes el auditor le "juró" que el documento estaría "aunque tuviera que trabajar toda la noche", con lo que quedarían avalados los resultados del grupo.

Las cuentas que habían sido presentadas el 28 de marzo para su formulación y que reflejaban un beneficio de 309 millones eran, a juicio de Rato, el "reflejo fiel" de la entidad a cierre de 2011.

Sin embargo, el auditor sí estuvo presente en la última reunión de los consejeros ahora imputados para justificar una reformulación que arrojó unas pérdidas de 2.979 millones, ya bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri y en las que, según Rato, ni varió el beneficio operativo ni la morosidad.

Se abre así otro interrogante sobre el papel que jugó Deloitte, cuestionada por otros exconsejeros, en las últimas semanas de Rato, por lo que será clave la declaración como testigo del auditor de la firma, según algunas de las partes personadas en la causa.

Rato también ha subrayado que el plan que le pidió Economía no guardaba ninguna relación con las cuentas del cierre de 2011, ni con el aprobado el 17 de abril por el Banco de España, y ni siquiera con el elaborado por Deloitte.

Para algunas fuentes presentes en la declaración, este testimonio demuestra una injerencia del Gobierno en la entidad, que finalmente acabó en manos del Estado, y podría suponer otras imputaciones al recaer el peso de los indicios de delito sobre otros nombres.

Respecto a la salida a bolsa, Rato ha admitido que no se hizo en el momento oportuno pero que se decidió por "requerimiento legal" y cumpliendo todos los requisitos de los reguladores, entre ellos la CNMV, que exigió que el 40 % de la colocación se destinara a grandes inversores, que son los que fijan el precio de las acciones.

Al filo de las 19.30 horas, Rato ha abandonado la sede judicial desde su aparcamiento en un vehículo a gran velocidad, lo que ha generado la indignación de los congregados, que le esperaban con gritos de "Rato, ratero, devuélveme el dinero", entre otros.

Frente a esta reacción, algunos de los abogados de los imputados coinciden en que la conclusión de los interrogatorios, incluido el de Rato, que era el más esperado, no han arrojado indicios de responsabilidad penal sobre ninguno de los 33 imputados.EFE

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