Madrid, 30 abr (.).- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este martes que es probable que de forma inmediata la UE trate la posibilidad de adoptar medidas sancionadoras a las importaciones de gas ruso y, si eso fuera así, se podrían prohibir las importaciones de gas ruso a España, que han aumentado.
Ribera, en su comparecencia este martes en la Comisión de Transición Ecológica del Senado, ha dicho, cuando el PP le ha recriminado el aumento de las importaciones de gas ruso a España, que la capacidad de prohibir la importación de gas natural licuado (GNL) ruso no existe en la actualidad, salvo que se pagaran los contratos que se rescindieran.
No obstante, ha señalado que lo que sí que existe es la capacidad de adoptar medidas sancionadoras por parte de la UE y ha añadido que es probable que el asunto se trate de forma inmediata.
Ha agregado que en ese caso sí que se podrán prohibir las importaciones, pero hasta ahora el Gobierno español se ha tenido que limitar a hacer requerimientos a las compañías que traen gas para que no firmen contratos adicionales para importar gas ruso, a fin de que, en la medida de lo posible, se vayan reduciendo los volúmenes importados.
La ministra ha dicho que el aumento del peso del GNL de Rusia en las importaciones de gas a España se ha producido, sobre todo, en los últimos meses y se debe, según la información de los importadores, por la situación de crisis y a que España cuenta con una gran capacidad de regasificadoras, que pueden ser utilizadas para la reexportación.
Cautela en las inversiones en redes
Por otro lado, se ha referido a las inversiones en redes eléctricas y ha dicho que es necesaria una fuerte inversión, pero hay que hacerla "con cautela".
Ha señalado que, por ello, se han hecho modificaciones puntuales a la Planificación de la Red de Transporte de Red Eléctrica (BME:REDE) y ha insistido en que "hay que ser cuidadoso en cuántas más cosas se hacen" para que no se dispare la factura a los consumidores, con la recuperación por las compañías de sus inversiones.
Cierre de las nucleares
En cuanto al cierre del parque nuclear español, la ministra ha dicho que tiene el convencimiento de que el calendario que firmaron las compañías propietarias de centrales es el que éstas siguen manejando.
Ha manifestado que lo peor que se puede hacer "es jugar a idas y vueltas", y ha recordado el caso de la central de Garoña, a la que el Gobierno del PP no renovó el permiso de explotación en 2017 y que, cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018, se encontraron que no se había hecho nada ni se había avanzado en dar una solución a la zona donde se asienta.
Ribera, que ha recordado que el calendario para el cierre escalonado del parque nuclear español empieza en dos años y termina en algo más de diez, también ha destacado cómo el Gobierno del que es ministra afrontó en 2018 el cierre de la minería y de las centrales de carbón.
Ha dicho que si entonces el compromiso del Ejecutivo fue el de crear tantos empleos como los que desaparecieran con el cese de esas actividades, "hoy nuestra estimación es que se van a crear más".
En cuanto a la pobreza energética, cuya estrategia estará actualizada antes del verano, ha indicado que hay indicadores que han mejorado y otros empeorado, aunque en estos años se ha incrementado el porcentaje de la electricidad cubierta, se ha lanzado un bono térmico y se ha simplificado el acceso al bono social eléctrico.
Ha añadido que las familias vulnerables pagaron menos que antes de la crisis energética con las medidas que se pusieron en marcha, aunque lamenta que siga habiendo colectivos que no son capaces de acceder a esas coberturas por falta de conocimiento.
La ministra ha defendido la 'excepción ibérica' -el tope al precio del gas en el mercado eléctrico para evitar que se disparara más el precio de la electricidad- y les ha dicho a los senadores del PP que no sabe "cómo tienen el cuajo" de arremeter contra una medida que protegió a los consumidores españoles y a la industria del país.
Ha recordado que en poco más de un año la 'excepción ibérica' ahorró más de 5.000 millones de euros y permitió a la industria sobrevivir en los momentos más duros, en los que el coste de la electricidad se les disparaba.