Moscú, 8 feb (.).- Rusia defenderá por todos los medios disponibles los derechos de la filial alemana de la petrolera Rosneft (MCX:ROSN), que corre el riesgo de ser nacionalizada en el marco de las sanciones occidentales contra Moscú por la guerra en Ucrania, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Esto no es más que una expropiación de bienes ajenos (...) El Estado siempre ha defendido los intereses de nuestras compañías, de nuestros ciudadanos, y continuará haciéndolo. No descartamos ninguna medida para proteger nuestros intereses y reaccionar ante pasos ilegales", aseveró en su habitual rueda de prensa diaria.
Por lo pronto, señaló, "la compañía defiende sus intereses por si sola", pero no descartó que Rusia tome cartas en el asunto.
Sin embargo, reconoció las dificultades existentes para incidir en este proceso ya que "no existe un diálogo entre Moscú y Berlín, a nivel estatal o gubernamental".
"Actualmente estos canales están destruidos y no existen en la práctica", indicó.
Pasos como esta expropiación, recalcó Peskov, "socavan las bases económicas y legales de los países europeos" y "restan valor al atractivo de inversión en estos países", lo cual "tendrá graves consecuencias, sin lugar a dudas", tanto jurídicas como de imagen y sobre todo, económicas.
El pasado 6 de febrero el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania informó a Rosneft sobre su intención de nacionalizar su filial alemana, Rosneft Deutschland, controlada desde 2022 por las autoridades alemanas.
El colegio alemán de abogados Malmendier Legal, que defiende los intereses de Rosneft, indicó que "una expropiación de este tipo se convertiría en una medida sin precedentes en la historia de Alemania y dañaría para siempre la seguridad de las inversiones" en este país.
Las autoridades alemanas establecieron en septiembre de 2022 el control externo de la filial de Rosneft y varias refinerías con participación rusa, ante lo cual la petrolera expresó su disposición de defender sus intereses ante los tribunales.
Rosneft señaló que la decisión de establecer el control externo de sus activos "no tiene fundamentos jurídicos", ya que la empresa cumplía todos sus compromisos comerciales independientemente de la situación política.