Bruselas, 24 feb (.).- La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair (LON:RYA) argumenta que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que financió el rescate de 475 millones de euros a Air Europa, discrimina entre empresas españolas y extrajeras para pedir al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que lo anule.
Así se desprende del informe preparado por un juez de la Corte, con sede en Luxemburgo, para la primera vista del caso, celebrada este miércoles, a raíz del recurso presentado por Ryanair para que los tribunales anulen la decisión de la Comisión Europea (CE) que autorizó el fondo español.
El Ejecutivo comunitario, apoyado en el proceso por los Gobiernos de España y Francia, rechaza todas las alegaciones de la aerolínea.
Ryanair ha presentado numerosos recursos ante los tribunales europeos para que se anulen varias medidas de apoyo público a aerolíneas europeas como KLM, Air France (PA:AIRF), SAS, Finnair (BS:FIA1Sh), TAP o Lufthansa (DE:LHAG) por la covid-19 y, en los dos únicos casos resueltos hasta el momento, relativos a ayudas suecas y francesas, el Tribunal General ha fallado en su contra.
En el caso español, Ryanair argumenta fundamentalmente que el fondo gestionado por la SEPI discrimina a favor de las empresas españolas, que esta diferencia de trato no es necesaria ni proporcional para conseguir los objetivos que persigue, y que infringe las libertades comunitarias para establecerse y proporcionar servicios.
La aerolínea alega que el fondo trata a las empresas con sede en España de modo diferente a otras que también operan en el país, "aún cuando las últimas podrían ser también estratégicas para la economía española".
Considera que la Comisión "cometió un error manifiesto" al considerar que esta diferencia era necesaria y proporcional para conseguir los objetivos de las ayudas: remediar las dificultades de algunas empresas provocadas por la covid-19 y mantener la viabilidad de aquellas que sean de importancia sistémica o estratégica.
Ryanair señala que es "la aerolínea número uno en España" aunque no tenga su sede en el país y que "hay una contradicción inherente entre mantener la viabilidad de empresas de importancia sistémica o estratégica mientras se excluye a actores clave no establecidos en España".
"La salida de Ryanair del mercado español generaría dificultades sociales y perturbaría la economía española mucho más que la de Air Europa, establecida en España", afirma la aerolínea irlandesa, según el informe.
La Comisión Europea, por su parte, niega que la medida infrinja el principio de no discriminación porque éste no impide a los Estados diseñar una medida que beneficie a las empresas establecidas en su territorio.
Y defiende que era necesario "limitar" los beneficiarios, puesto que los recursos financieros de España son "finitos", así como que la medida es proporcional puesto que solo se ayuda a empresas que de otro modo hubieran quebrado o tenido dificultades y que hayan agotado las posibilidades de tener otra financiación.
Ryanair argumenta, por otro lado, que la Comisión erró al considerar que el fondo español es un esquema de ayuda, puesto que los criterios de elegibilidad son "vagos y abstractos" y añade que "la composición de la junta gestora demuestra que, en ausencia de criterios técnicos para establecer a los potenciales beneficiarios, la selección de los beneficiarios es puramente política".
El Ejecutivo comunitario rechaza este extremo y señala que "cualquier implicación política en la gestión del esquema de ayudas no evita de ningún modo que las decisiones se basen en una evaluación técnica de los criterios".
Una vez que el Tribunal General se pronuncie, para lo que no hay fecha aún, las partes podrían recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal de Justicia, máxima instancia judicial europea.
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