Santander Totta abre proceso a Estado luso por errores en informes de "swap"

Lisboa, 4 sep (EFE).- El banco Santander Totta, filial del Banco Santander, ha entablado un proceso judicial con el Estado portugués por supuestos errores en unos informes sobre contratos de cobertura de riesgo crediticio suscritos por la entidad financiera con empresas públicas lusas.

El banco presentó un recurso contra el Ministerio de Finanzas y el Tesoro luso (IGCP) ante un tribunal administrativo de Lisboa, donde exigió una indemnización por los daños causados a su reputación.

Fuentes del banco confirmaron hoy a Efe que enviaron los documentos sobre el asunto a la comisión parlamentaria que investiga estos contratos de alto riesgo ("swap").

De momento el Ejecutivo luso no se había pronunciado al respecto.

En la documentación se indica que el banco pidió al Gobierno portugués una rectificación de los números sobre un contrato vendido al Metro de Oporto en un informe realizado por el Tesoro luso.

El Gobierno señaló en aquel texto que el contrato firmado con el Santander Totta en 2007 ya implicaba pérdidas potenciales para el Estado en cerca de 100 millones de euros desde el primer día de su firma, mientras que el banco considera esa cifra "profundamente equivocada".

El beneficio contabilizado por la entidad financiera fue de 9,5 millones de euros y, aunque el Tesoro admitió el error, "rechazó corregirlo".

"No carece de demostración el grado de perjuicio que tal información representó y representa para la reputación del Banco Santander Totta", afirmó el banco en una carta divulgada por la comisión parlamentaria.

Los contratos "swap" o de alto riesgo, que dependen de variables complejas, fueron firmados entre 2005 y 2007 por el anterior Gobierno socialista (2005-2011) con varias entidades financieras para reducir los costes de financiación de las empresas públicas.

Ante el estallido de la crisis financiera en 2008, el riesgo aumentó y con ello las pérdidas potenciales que el Gobierno luso calculó en 3.000 millones de euros, según un informe del Tesoro, ya en manos del primer ministro conservador Pedro Passos Coelho.

El Ejecutivo negoció entonces con varias entidades internacionales la cancelación de los contratos considerados "problemáticos" para reducir los perjuicios, pero no logró un entendimiento con el Santander Totta, que ha defendido la legalidad de sus "swap" cuestionados.

De momento, el Gobierno ha anulado cerca de 70 compromisos que han supuesto un coste de 1.000 millones de euros y ha conseguido reducir las pérdidas en 1.500 millones de euros.

El caso ha agitado durante meses el debate político en Portugal, muy sensible a sospechas de irregularidades en las cuentas, especialmente desde que el país pidiese en 2011 un rescate internacional para no entrar en bancarrota.

Su investigación parlamentaria sigue en curso y condujo a la dimisión de tres secretarios de Estado y varios gestores públicos.

La oposición de izquierdas, con el Partido Socialista (PS) a la cabeza, ha pedido también la dimisión de la ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, por considerar que estaba al corriente de las características de este tipo de contratos en su cargo como secretaria del Tesoro. EFE