Madrid, 9 may (.).- La dimisión de Rodrigo Rato como presidente de Bankia (BME:BKIA) en mayo de 2012 supuso la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a la cúspide de la entidad hace ahora una década y la petición de que el Estado nacionalizara la entidad, como un primer paso antes del multimillonario rescate con fondos europeos.
Rato, artífice de la creación de Bankia tras la fusión de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana y las cajas de Ávila, Segovia y La Rioja, para la que fue necesario un préstamo público de 4.465 millones, decidió ceder el testigo de la entidad que había debutado en bolsa el 20 de julio de 2011.
Como él mismo ha recordado, lo hizo convencido de que era lo mejor para el grupo, una vez que se dio cuenta de que había perdido la confianza del Gobierno y de que Bankia necesitaría más capital para cumplir con las nuevas exigencias de provisiones que esa misma semana iba a aprobar el Ejecutivo.
La nueva reforma financiera impulsada por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, ponía el listón muy alto a Bankia, por su exposición inmobiliaria, y fue clave para que Rato tirara la toalla, aunque hasta el último minuto trató de aprobar un plan de saneamiento que contara con el visto bueno del Banco de España.
Las dudas del resto de competidores sobre Bankia y las palabras del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegurando que su última intención era prestar o inyectar dinero público en la entidad, hicieron que Rato cediera el testigo de la entidad a Goirigolzarri, que el 9 de mayo de 2012 se convirtió en presidente.
LA LLEGADA DE GOIRIGOLZARRI
El mismo día que asumió al cargo, trasladó que pediría la nacionalización de la entidad y comenzó la renovación íntegra del consejo de administración de Bankia antes de hacer publico que el grupo necesitaría una inyección multimillonaria para sanear su balance y cumplir con las nuevas exigencias regulatorias.
España, por sí sola, no podía hacer frente a ese rescate y pidió el auxilio de sus socios europeos para acabar inyectando al grupo BFA-Bankia 17.959 millones de euros en ayudas públicas, que sumados a los 4.465 millones recibidos en el momento de su creación elevaron el total a 22.424 millones.
Bankia utilizó el dinero recibido para sanear su balance y poner a precios de mercado sus inversiones, hasta entonces sobrevaloradas, lo que le generó pérdidas de más de 19.000 millones en 2012.
Además, la creación en 2012 de Sareb, el banco malo, sirvió para que Bankia se librara de 22.300 millones en activos inmobiliarios tóxicos y pasara a tener un balance más reforzado.
Ese mismo año la Audiencia Nacional empezó a investigar la salida a bolsa de Bankia; a finales de 2018 comenzó el juicio que sentó en el banquillo a la antigua cúpula y en septiembre de 2020, la justicia concluyó que la operación fue legal y absolvió a Rato y al resto de acusados, entre ellos varios condenados por las tarjetas "black".
De Guindos y la propia Bankia siempre defendieron que de no haberse producido el rescate de Bankia, el Fondo de Garantía de Depósitos tendría que haber desembolsado 60.580 millones para hacer frente a los ahorros de clientes garantizados del banco, y además quedaban sin cubrir otros 52.000 millones de los depositantes.
Dejar caer a Bankia también habría supuesto la extinción de 21.000 puestos de trabajo, recuerdan a Efe los defensores del rescate.
LA DEVOLUCIÓN DE AYUDAS
De todas las ayudas recibidas, Bankia devolvió 3.303 millones entre la venta de paquetes de acciones en manos del Estado y los dividendos abonados a sus accionistas, entre ellos el FROB, el fondo de rescate dueño de la participación en la entidad, antes de ser absorbida por CaixaBank (BME:CABK).
En el balance de sus años de gestión de Bankia, Goirigolzarri destaca que la entidad pasó de ser el principal problema del sector financiero y de la estabilidad de España en 2012, a ser un referente dentro del sector y a contribuir de forma decisiva a la mejora socioeconómica del país en 2020.
La entidad presumía también de haberse convertido en el banco más solvente entre los grandes del país, con una ratio CET1 "fully loaded" del 15,48 %, cuando en 2012 partía, tras recibir las ayudas públicas, del nivel mínimo requerido por los reguladores, un 6,82 %.
Sin embargo, antes de conseguir esos niveles de capital, Bankia transitó por distintos periodos; el primero de ellos es el que va desde 2012 a 2015, en el que la entidad llevó a cabo un duro plan de reestructuración, con el cierre de más de 1.000 oficinas, un 38,5 % de su red, y la reducción de un 28 % de su plantilla.
Sólo en ese momento, Bankia perdió 6.000 empleados, 4.500 directos y 1.500 vía externalizaciones, y comenzó a adelgazar su balance: ingresó casi 4.000 millones y se anotó 780 millones en plusvalías con la venta de participadas, entre ellas Iberdrola (BME:IBE), NH Hoteles (BME:NHH), Mapfre (BME:MAP), Indra (BME:IDR) o IAG (BME:ICAG).
En 2017 la entidad dejó de tener las restricciones impuestas por Bruselas en el rescate, con lo que pudo empezar a competir en igualdad de condiciones con el resto de bancos e incluso participar en operaciones corporativas, lo que le animó a cerrar una fusión con BMN, fruto de la unión de Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra y también nacionalizado.
Y en plena pandemia, en septiembre de 2020, anunció que negociaba su fusión con CaixaBank, impulsada por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en representación de los intereses del Estado, y por el presidente de la Fundación la Caixa, primer accionista de CaixaBank, Isidro Fainé.