Lisboa, 2 ago (.).- El décimo aniversario del colapso del Banco Espírito Santo (BES) se cumple este sábado en Portugal sin que todavía se haya enjuiciado a los responsables penales pese a que varios delitos están a punto de prescribir, con 1.994 afectados a la espera de que se rindan cuentas.
El 3 de agosto de 2014 el BES fue intervenido por el Banco de Portugal, lo que causó un gran conmoción en el país, ya que hasta ese momento el Grupo Espírito Santo (GES) era el mayor emporio empresarial de Portugal con actividades que iban desde el sector seguros a agricultura y turismo, pasando por el financiero.
Actualmente hay trece personas, entre ellas el expresidente del BES Ricardo Salgado, declaradas sospechosas formales y a la espera de juicio por cargos relacionados con la supuesta falsificación de la contabilidad del holding Espírito Santo Services entre 2009 y 2014, origen del colapso del GES y la intervención del banco central del país.
Al falta de que se fije una fecha definitiva para este juicio, el medio Público indicaba esta semana que todo apunta a que será el 15 de octubre y que podría alargarse hasta julio de 2025, pese a que hasta finales de marzo del próximo año van a prescribir más de 30 delitos de los más de 300 que se van a enjuiciar.
En un comunicado publicado el jueves por medios lusos, la Asociación de Defensa de los Clientes Bancarios (ABESD) recordó que 1.994 personas clasificadas como víctimas por la caída del BES todavía aguardan justicia y se encuentran en situación de olvido.
"Piden indemnizaciones por haber sido víctimas de daño patrimonial y moral en el ámbito de un delito, ahora evaluado por un tribunal civil", indica la asociación.
"Después de 3.700 días de espera -agregó-, de reuniones infructuosas con los anteriores Gobiernos y de medidas discriminatorias para estos inversores, la única alteración es el estatuto de víctimas de criminalidad financiera", una condición que han logrado casi todos los afectados.
Por ello, celebró que finalmente se haya marcado el próximo 15 de octubre como la fecha de inicio del enjuiciamiento a los responsables.
De acuerdo a los datos de la asociación, ascenderían a 240 millones de euros los ahorros de los inversores no cualificados, es decir, clientes no profesionales, que se perdieron por la caída del banco, "sin que hasta la fecha se les haya devuelto ni un solo céntimo".
En consecuencia la asociación reclama 330 millones de euros para esas víctimas, lo que incluye daños morales.
El mismo día de su intervención el Banco de Portugal dividió la entidad en el BES 'malo', con los activos considerados tóxicos, y el BES 'bueno', denominado Novobanco, que serviría para proteger los depósitos.
Los accionistas y tenedores de deuda subordinada (aquellos que quedaban detrás de todos los acreedores comunes en preferencia de cobro) permanecieron en el BES 'malo', con pocas posibilidades de reembolso, pero también resultaron perjudicados quienes acabaron en Novobanco, porque se quedó sin capital al terminar con muchos activos tóxicos.
Para los afectados con pagarés se creó en 2017 un fondo de recuperación de crédito por el que los clientes pudieron recuperar el 75 % de las inversiones de hasta 500.00 euros y el 50 % de las inversiones por encima de esa cantidad.
Esta solución dejó fuera a los clientes de las sucursales del BES en el extranjero, como fue el caso de muchos emigrantes en Venezuela y en países del África, y del Banco Prevée, en Suiza, que siguen en negociaciones con el Gobierno.