Bruselas, 14 sep (.).- La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha considerado este miércoles “crucial” la propuesta de la Comisión Europea (CE) de vetar los productos fabricados con trabajo forzoso en la Unión Europea, y para que pueda cumplir sus objetivos ha instado a revertir los recortes en las inspecciones de trabajo.
Esa prohibición es esencial, a juicio de la CES, para hacer frente al aumento del número de víctimas de la “esclavitud moderna”, ha indicado en un comunicado la organización.
Preocupada por los artículos que llegan a Europa producto del trabajo forzoso en países como China, la CE ha dado a conocer hoy su iniciativa, asegurando que no discrimina a ningún socio comercial, empresa o sector.
El vicepresidente ejecutivo de la CE y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha explicado en un comunicado que, en la práctica, la regulación pretende que las autoridades competentes de los Estados miembros evalúen el riesgo de trabajo forzoso para un producto concreto, de acuerdo a la información obtenida de diversas fuentes, como la sociedad civil o datos sobre áreas geográficas.
Si tras esa fase preliminar de investigación la autoridad tiene una sospecha fundada de trabajo forzoso, iniciará una investigación formal, solicitando información a las empresas y realizando comprobaciones e inspecciones.
Si es así, el producto será prohibido en la UE y las empresas tendrán que retirarlo del mercado, mientras que las autoridades aduaneras detendrán sus exportaciones e importaciones.
La CES ha recordado que la propuesta llega tras conocerse esta semana un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que apunta a que hay 28 millones de personas sometidas a trabajo forzoso en todo el mundo, entre ellas 3,3 millones de niños.
Según la OIT, en la actualidad hay 2,7 millones más de personas en situación de trabajo forzoso que hace cinco años, y el aumento se debe a la interrupción de los ingresos y al deterioro de las condiciones de trabajo durante la crisis del covid.
Los sindicatos europeos han exigido que los Estados miembros de la UE establezcan y financien autoridades encargadas de rastrear los bienes sospechosos de haber sido producidos mediante trabajo forzoso.
Para ayudar a su detección han pedido “garantizar que se reviertan los enormes recortes en las inspecciones de trabajo de la última década”.
"Muchas de las personas que realizan trabajos forzados fabrican bienes destinados a la venta en Europa, por lo que una prohibición debidamente aplicada debería paralizar los beneficios de los delincuentes que están detrás de estas violaciones”, ha afirmado el secretario general adjunto de la CES, Claes-Mikael Stahl.
(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)