MADRID (Reuters) - El Tribunal de Cuentas ha decidido exigir al expresidente catalán Artur Mas y otros exmandatarios de la región que paguen una fianza con relación a los gastos la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, en un momento en el que el Ejecutivo catalán ultima otro referéndum soberanista, en este caso vinculante, al que se opone el Gobierno español.
Según el diario "El Periódico", la institución encargada de supervisar la contabilidad de los partidos y el sector público ha citado a diez ex altos cargos del Gobierno catalán el próximo 25 de septiembre con el objetivo de que efectúen una fianza por los costes de la consulta que, de acuerdo con el organismo, ascendieron a 5,2 millones de euros.
Los líderes de Junts pel Sí, la coalición independentista que gobierna en Cataluña, reaccionaron a la medida con una rueda de prensa exprés en la que calificaron la decisión de "salto cualitativo (por parte del Estado español) en el fomento del miedo para evitar el referéndum del 1 de octubre", en palabras del presidente regional Carles Puigdemont.
El vicepresidente catalán Oriol Junqueras dijo que la decisión del Tribunal es un "intento de impedir lo que no es un delito, un intento de impedir que los catalanes puedan votar".
La decisión del Tribunal de Cuentas se produce en un momento crítico en el conflicto catalán, ya que se prevé que el Parlamento de Cataluña apruebe esta semana la ley que convocará el referéndum de independencia del próximo 1 de octubre, una consulta que la mayoría política soberanista insiste en celebrar pese al rechazo frontal del Ejecutivo español del Partido Popular.
Aunque ni la norma que dará amparo legal al referéndum ni la ley que prevé una eventual "desconexión" respecto del Estado español están incluidas en el orden del día del pleno que tendrá lugar el miércoles y el jueves, se espera que los partidos soberanistas que son mayoría en la cámara soliciten un cambio sobre la marcha para incluirlas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó en marzo de este año al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por la celebración en Cataluña de una consulta no vinculante sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014 pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.[nL5N1GQ45Y]
El fallo representaba un capítulo más en la judicialización de un asunto que el Gobierno catalán considera político y que ha enfrentado frontalmente a la Generalitat y el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha dicho que pondrá en marcha la maquinaria jurídica para frenar un referéndum contrario a la Constitución española.
No fue posible obtener comentarios del Tribunal de Cuentas sobre la información del periódico catalán.