Madrid, 19 jul (.).- El grupo de Sumar en el Congreso ha exigido este viernes al presidente Pedro Sánchez que cumpla su compromiso de eliminar los permisos de residencia que se otorgan desde 2013 a los extranjeros que compran una casa en España de más de medio millón de euros, conocidos como visados de oro o golden visa.
El portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez (Compromís), ha recordado que "hace más de cien días que el presidente anunció la eliminación de la golden visa" y le ha urgido a "cumplir con su palabra".
Sumar, al igual que otros partidos socios parlamentarios del Gobierno, consideran que este visado fomenta la especulación, incrementa el precio de la vivienda y tensiona las zonas residenciales.
En un comunicado, Alberto Ibáñez subraya que este "pasaporte dorado discrimina según la capacidad económica, y afecta, sobre todo, a zonas tensionadas y turísticas".
Entre ellas, el diputado de Compromís ha destacado la provincia de Alicante, donde se aglutinan más del 10 % de los visados de oro.
"Países como Portugal, Irlanda o Grecia han tomado medidas para terminar con esta práctica, que incrementa la vulneración del derecho a la vivienda, en un momento crítico como es el que nos encontramos, donde cada vez es más complicado acceder a una vivienda”, ha argumentado.
También ha señalado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de la que ha dicho que "tiene la obligación de cumplir con los acuerdos, pero, además, tiene la obligación de cumplirlos de forma rápida", ha afirmado.
El pasado mayo, Sumar registró en el Congreso una proposición de ley para eliminar estos visados de oro, un mes después de que Isabel Rodríguez anunciara que el Consejo de Ministros había iniciado los trámites para llevar a cabo la medida, que poco antes había anunciado el presidente Pedro Sánchez y que forma parte del acuerdo de gobierno del PsOE y Sumar.
La proposición de ley de este grupo suprime también la concesión de la golden visa a los inversores de al menos un millón de euros en fondos de inversión, cerrados o de capital riesgo constituidos en España.
La mantiene, por el contrario, para el resto de inversores en títulos de deuda pública española, en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital y en proyectos empresariales.