Madrid, 20 abr (.).- El Tribunal Supremo ha ratificado una condena al excúpula de ONO a pagar parte de las cuotas de IVA defrauda en 2014 por varios proveedores de Vodafone (LON:VOD), por haber faltado a su deber de diligencia tras ser alertados por la agencia tributaria de este fraude y hacer caso omiso.
La Sala de lo Civil del Supremo ha ratificado así una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que condena al que fuera presidente de ONO, José María Castellano, la ex consejera delegada, Rosalía Portela, y el entonces director financiero Carlos Ignacio Sagasta, cesados de sus puestos después de que Vodafone comprara ONO en 2014.
La Audiencia les condenó a abonar de forma solidaria el importe correspondiente a parte de las cuotas de IVA que no pudieron deducirse por Vodafone.
La Sala de lo Civil del Supremo considera que si estos tres exdirectivos hubieran implementado los controles previstos, la Agencia Tributaria no habría obligado Vodafone a hacer frente a una regulación fiscal que ascendió a más de 72 millones de euros, según a sentencia a la que ha tenido acceso EFE, y en la que no se precisa la cuantía económica a la que tendrán que hacer frente.
Sí precisa, que deberán pagar solidariamente las cuotas que no pudo deducirse Vodafone desde el 30 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2014, en lugar desde febrero, como la Audiencia Provincial de Madrid había establecido.
VODAFONE RECLAMABA 140 MILLONES DE EUROS
El proceso se abrió a raíz de una demanda que planteó Cableuropa, sociedad de ONO, contra estos tres directivos, a los que pedía una indemnización solidaria por el daño causado como consecuencia de sus actuaciones e incumplimientos de los deberes inherentes a su cargo, en la cuantía de 140 millones de euros.
Esta petición fue desestimada en primera instancia por un juzgado de Madrid, y admitida en una segunda, por la Audiencia Provincial de Madrid en 2021.
Los hechos se remontan a febrero de 2014 cuando la agencia tributaria alertó a una empleada de Cableuropa de un fraude tributario que implicaba a varios de sus proveedores y le pidieron las revisiones oportunas. El 30 de abril fue cuando se celebró una reunión entre inspectores y directivos por el mismo motivo.
Sin embargo, la compañía no tomó medidas la respecto hasta julio de 2014.
Vodafone les achacaba a estos exdirectivos una infracción a sus deberes de lealtad, por ocultar a la sociedad matriz su implicación en el fraude del IVA.
Este no es el único asunto que Vodafone ha llevado a los tribunales con respecto a estos directivos.
En septiembre de 2021, el Supremo rechazó un recurso de Vodafone contra una sentencia que obligaba a la compañía a abonar un "bonus" neto de 19,2 millones de euros más intereses al expresidente de ONO José María Castellano, operadora adquirida por la multinacional en 2014 por 7.200 millones de euros.