Buenos Aires, 30 ago (.).- Las tarifas de los peajes de las dos principales autopistas de acceso a Buenos Aires, cuyo principal accionista es Abertis (BME:ABE), volverán a aumentar, de acuerdo a una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial y objetada por una asociación de usuarios.
El aumento fue dispuesto por la Dirección de Vialidad de Argentina y aplica al valor de los peajes en los accesos Norte y Oeste, bajo concesión de las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario Oeste (GCO), respectivamente.
De acuerdo a los nuevos cuadros tarifarios incluidos en la resolución, el alza será del 16,6 % para automóviles en horario normal y con pago manual, aunque los incrementos son proporcionalmente menores para vehículos de mayor tamaño.
En la resolución, Vialidad alegó que corresponde aplicar estos aumentos para "contar con la calidad en la prestación del servicio a los usuarios y la calidad de las prestaciones que realizan las empresas concesionarias".
En mayo pasado, estos peajes ya habían aumentado un 100 %, en un contexto de alta inflación en Argentina (263,4 % interanual en julio).
"Desde entonces, y sin considerar los reclamos de los usuarios, hay aumentos mensuales", dijo este viernes a EFE el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca.
El Conaduv ha objetado los sucesivos incrementos, no sólo por su magnitud, sino además porque fueron otorgados en el marco de la renegociación en 2018 de los contratos de concesión que son objeto de un proceso judicial aún no concluido.
En 2018, el entonces Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) renegoció los contratos con ambas empresas, extendió las concesiones hasta 2030 y estableció una compensación estatal de casi 750 millones de dólares para ambas compañías.
En 2022, el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) inició una acción judicial solicitando la nulidad de los contratos, alegando que el Ejecutivo de Macri reconoció en 2018 "sin ninguna justificación" millonarias deudas "inexistentes" a las empresas por parte del Estado y otras condiciones "lesivas" para los intereses de los usuarios.