Lisboa, 1 may (.).- Miles de trabajadores portugueses salieron hoy a la calle en varias ciudades del país para reivindicar el Primero de Mayo, y exigir al Gobierno medidas como aumentos salariales para hacer frente al incremento del coste de vida.
El mayor sindicato del país, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP, de tendencia comunista), realizó su tradicional desfile del Primero de Mayo durante la tarde de este lunes, que culminó en la Alameda de Lisboa bajo el lema "Más salarios, más derechos, mejores pensiones".
"El salario medio se aleja cada vez más de la media salarial de la Unión Europea", afirmó durante su discurso la secretaria general de la CGTP, Isabel Camarinha, que pidió un "aumento inmediato del 10 %, como mínimo de 100 euros, con efectos a enero de 2023, para garantizar y aumentar el poder de compra".
Camarinha instó al Gobierno socialista de António Costa a aplicar "medidas de fondo" ante la situación de los portugueses y exigió también un incremento del salario mínimo hasta los 850 euros (actualmente está en 760 euros).
"Con uno de cada diez trabajadores en situación de pobreza, el salario mínimo tiene que aumentar", insistió.
De forma paralela, el segundo mayor sindicato luso, la Unión General de Trabajadores (UGT, de orientación socialista), se concentró junto a la Torre de Belém de Lisboa, desde donde pidió que los "buenos resultados de la economía y las finanzas públicas deben ser usados para hacer frente a los problemas sociales".
"No pueden ser permanentemente los trabajadores los que paguen", defendió el secretario general de UGT, Mário Mourão.
El Primero de Mayo coincidió este año en Portugal con la entrada en vigor de un paquete de medidas de reforma laboral, que incluyen la posibilidad de coger una baja de hasta tres días sin atestado médico, mejoras en la indemnización por despido y aumentos en las horas extra.
También limitaciones a las renovaciones de los contratos temporales, mejoras en las bajas de paternidad y la prohibición a las empresas de externalizar servicios para asegurar las funciones que realizaba un trabajador que ha sido despedido, durante el año siguiente a la rescisión del contrato.
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