Madrid, 21 dic (.).- UGT Servicios Públicos y la federación de Servicios a la ciudadanía de CCOO han calificado el anteproyecto de ley de función pública como "un manual de recursos humanos", que da poca relevancia al papel de los empleados públicos y deja buena parte de su contenido a un desarrollo reglamentario posterior.
Ambas organizaciones han destacado en una rueda de prensa que el anteproyecto, que esperan poder negociar con el Gobierno antes de su aprobación en segunda vuelta, da prioridad a los mecanismos organizativos del personal sobre sus condiciones de trabajo, además de omitir cuestiones esenciales para los sindicatos como un código ético de conducta o la incidencia de la digitalización.
Entre otras cosas, los sindicatos reclaman una evaluación de desempeño con garantías y transparencia, a la vista de que la ley abre la puerta a que esa evaluación sirva para quitar de su puesto a alguien que lo ha logrado por concurso.
Esta posibilidad es, a juicio de CCOO y UGT, "gravísima, porque se plantea esta evaluación como algo irrefutable" sin que la persona afectada tenga defensa en vía administrativa contra una evaluación negativa de la superioridad.
También lamentan la omisión en el anteproyecto del carácter máximo de la jornada semanal en 35 horas, junto a la mención de otros derechos como la jornada flexible, los períodos mínimos de descanso o la conciliación.
A pesar de todo, los sindicatos valoran algunos aspectos positivos como la configuración de la carrera horizontal, con la creación de los complementos de carrera y de evaluación del desempeño, aunque critica que su desarrollo se deje para reglamentario futuro.
Sin embargo, ven imprescindible consolidar las horquillas de niveles de complementos específicos y complementos de destino comprometidas en el acuerdo de fondos adicionales 2018-2020, además de recuperar la estructura de las pagas extraordinarias previa a 2010.
También consideran esencial concretar lo relativo a la igualdad, porque queda diluido al tratarse de recomendaciones, sin fijar para el ámbito público los mismos contenidos de la ley orgánica para la igualdad efectiva.
Exigen, además, la modificación de régimen disciplinario para permitir la sanción administrativa en casos de acoso sexual y por razón de sexo.