Túnez, 18 jun (.).- La poderosa central sindical de Túnez, la UGTT, criticó este domingo la falta de transparencia del Gobierno en torno a la cuestión migratoria después de la visita de varios responsables europeos que, aseguró, tratan de presionar al país magrebí para que asuma el papel de "guardacostas del Mediterráneo" a cambio de apoyo financiero.
"Apoyamos la posición del presidente de la República que se opone a la idea de hacer de Túnez un guardacostas de Europa o un territorio utilizado para externalizar la política europea de asilo. Esta posición debe ser anunciada oficialmente y adoptada por el Gobierno", exigió el secretario general adjunto, Sami Tahri, durante un encuentro en Hammamet (centro-este).
La UGTT, afirmó el responsable, ha tenido conocimiento de que las autoridades podrían firmar a lo largo de este mes un acuerdo con la Unión Europea sobre la lucha contra la migración irregular sin consultar con la opinión pública, por lo que instó a celebrar un referéndum popular "para evitar una decisión unilateral que inevitablemente conducirá al fracaso".
Por otro lado, el sindicato alertó de una reducción "encubierta" de las subvenciones públicas a productos de primera necesidad, que explicaría el desabastecimiento de algunos alimentos en los últimos meses como arroz, leche, azúcar o café; y acusó al Ejecutivo de "manipulación".
Asimismo lamentó que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el Gobierno negocia desde hace año y medio un préstamo de 1.900 millones de dólares, se lleven a cabo en "cámaras secretas" y sin tener en cuenta los intereses de la ciudadanía.
El pasado viernes la directora de la institución financiera, Kristalina Georgieva, se mostró optimista ante el "progreso significativo" de Túnez para alcanzar un acuerdo y admitió "no tener disputas sobre el fondo sino sobre los detalles y la forma de abordarlas".
Un semana antes, la Comisión Europea anunció un paquete macrofinanciero para asegurar la estabilidad del país- que se enfrenta a una deuda pública del 90% del PIB- incluido un préstamo de 900 millones de euros y 150 millones en apoyo presupuestario así como una ayuda de 105 millones para asistencia en rescates de migrantes y retornos.
Sin embargo, este presupuesto está condicionado a la obtención del crédito del FMI, que pide al Ejecutivo poner en marcha de inmediato el programa pactado, con medidas impopulares como la retirada de subvenciones, la privatización de algunas empresas estatales o limitar la masa salarial de la Administración.
Mientras, el presidente tunecino, Kais Said- que arrogó plenos poderes en julio de 2021 "para preservar la paz social- se opone a dicho acuerdo al considerarlo un "dictado del exterior" que podría provocar un estallido social y aboga por la condonación de la deuda externa, la subida de impuestos a los más ricos y recuperar el dinero público malversado en el extranjero.