Lisboa, 15 oct (.).- Un movimiento ciudadano entregará este miércoles al Parlamento de Portugal una petición con más de 8.000 firmas que solicita regular los alquileres, límites a las prestaciones de las hipotecas, aumentar el parque público y otras medidas para atajar la crisis de vivienda en el país.
La petición, que tendrá que ser discutida en la Asamblea de la República, fue impulsada por el movimiento por el derecho a la vivienda Porta a Porta (Puerta a Puerta) después de que el Ejecutivo del conservador Luís Montenegro, en el poder desde abril, presentase su programa para el sector.
Ese plan "serviría para agravar una situación que ya de por sí era grave", defendió en declaraciones a EFE el portavoz de Porta a Porta, André Escoval, que enumeró las medidas "alternativas" que proponen para paliar el problema.
Entre ellas, una regulación de los alquileres que establezca techos máximos en función de la presión urbanística y los ingresos medios de la zona, y un aumento de los plazos de los contratos de uno a diez años.
"Las familias necesitan tener un mínimo de previsibilidad y estabilidad en su alojamiento, para poder constituir una familia y tener cierto margen de seguridad", señaló el portavoz.
El movimiento pide que los bancos no puedan cobrar una prestación de hipoteca superior al 35 % de los ingresos de cada hogar durante toda la vigencia del crédito, y prohibir los desahucios cuando no exista una alternativa digna y el embargo de la vivienda familiar.
También solicitan que el Gobierno destine los edificios que el Estado tiene vacíos a acoger familias y al mercado de alquiler, así como un aumento "sustancial" a medio y largo plazo del parque público de viviendas.
Por último, quieren que se revisen las licencias de los pisos turísticos en zonas de gran presión urbanística y que se eliminen las exenciones fiscales "de apoyo a la especulación inmobiliaria".
Estas propuestas contrastan con el programa de vivienda del Gobierno de Montenegro, 'Construir Portugal', que incluye medidas como destinar inmuebles públicos para vivienda accesible en régimen de 'built to rent' (construir para arrendar), la reducción del IVA al 6 % para rehabilitación y construcción y una garantía pública para hipotecas para jóvenes.
El plan también revocaba políticas del Gobierno anterior, del socialista António Costa, como las limitaciones a los apartamentos turísticos o el alquiler forzoso de ciertos inmuebles desocupados.
El movimiento Porta a Porta tampoco escatima en críticas al gabinete de Costa: "perdió la oportunidad de corregir los problemas", con medidas que se quedaron "muy lejos" de las necesidades del país, dijo su portavoz.
Este miércoles, además de la entrega de la petición, este grupo de ciudadanos tiene previsto reunirse con la secretaria de Estado de Vivienda, Patrícia Gonçalves Costa, y con varios partidos de la izquierda.
"Esperamos que la Asamblea de la República sea sensible al problema de emergencia social que el país vive y que tome las medidas necesarias", aseveró Escoval.
La ley lusa obliga al Parlamento a discutir y apreciar las peticiones con más de 7.500 firmas, lo que podría derivar incluso en la presentación de una propuesta legislativa por parte de un grupo parlamentario o en la comunicación a un ministro para que tome medidas.
Portugal sufre una crisis de vivienda desde hace años, con escasez de oferta y precios disparados que afectan sobre todo en Lisboa y Oporto, y ha vivido varias grandes movilizaciones en el último año para pedir soluciones.