México, 3 feb (EFE).- Seis ONGs y representantes de la comunidad
rural "El Consuelo" denunciaron al Gobierno mexicano ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuestamente
negarse a investigar la contaminación de cultivos locales con maíz
transgénico en el estado de Chihuahua, informó hoy Greenpeace.
La denuncia, interpuesta el lunes, se dirige contra la Secretaría
de Agricultura (Sagarpa), la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) y la Procuraduría General de la República (PGR,
fiscalía) "por la falta de investigación sobre el caso de entrada
ilegal y transgénica en cultivos de maíz en el estado de Chihuahua,
lo cual vulnera los derechos de consumidores y productores así como
sus derechos culturales", indicó en un comunicado Greenpeace.
Según los demandantes, en 2007 se sembró de manera ilegal maíz
transgénico en el Valle de Cuauhtémoc, en el norteño estado de
Chihuahua, a pesar de que el país cuenta con una Ley de Bioseguridad
de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) que establece la
protección para el maíz local.
La comunidad "El Consuelo", ubicada en el municipio chihuahuense
de Carichí, y las organizaciones sociales El Barzón, Frente
Democrático Campesino, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres,
Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), el Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria y Greenpeace México son los
promotores del recurso legal ante la CIDH.
Según los activistas hace dos años presentaron una primera
denuncia ante la Fiscalía mexicana por los mismos hechos y hasta el
momento no han tenido respuesta alguna.
México carece de "un recurso legal efectivo en materia de
Organismos Genéticamente Modificados", lo que sumado a la supuesta
falta de investigación sobre la contaminación genética de maíz
"vulnera los derechos de los consumidores y productores, así como el
derecho a la propiedad y el derecho a la información", indicó en la
nota Luz Esthela Castro del Centro de DD.HH. de las Mujeres.
"Recurrimos a una instancia internacional para evidenciar la
falta de actuación del Gobierno mexicano ante la introducción y
siembra ilegal de maíz transgénico a territorio nacional, violando
la normatividad existente", señaló por su parte el presidente del
Frente Democrático Campesino, Pedro Torres.
A juicio de la coordinadora de la campaña de agricultura
sustentable y transgénicos de Greenpeace, Aleira Lara, "el caso de
Chihuahua es evidencia contundente de la falta de capacidad efectiva
y voluntad política del Gobierno mexicano para detener la
contaminación transgénica del maíz mexicano".
En octubre de 2009 el Gobierno mexicano entregó los primeros
permisos para la siembra experimental de maíz transgénico en
"terrenos controlados y totalmente aislados" y en estados donde no
hay maíz criollo. EFE