Madrid, 21 sep (.).- La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha reclamado que se facilite la cotización a aquellos autónomos que no lleguen a la base mínima o al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a través de la aplicación de una tarifa "hiperreducida" temporal durante dos años.
En una rueda de prensa para presentar las nuevas propuestas de ATA para el próximo curso político, el presidente de esta asociación, Lorenzo Amor, ha asegurado que un 20 % de los autónomos, cerca de 600.000, no llegan a la base mínima.
Para Amor "eso es algo que hay que mejorar", por lo que ha reclamado que dicha tarifa sea prorrogable durante un año más, hasta un total de tres años.
El comité de dirección de ATA ha aprobado hoy pedir que se establezca un régimen sancionador para las entidades tanto públicas como privadas que incumplan los plazos de pago establecidos, una iniciativa que se encuentra en tramitación parlamentaria.
En concreto, ATA propone que se aplique un recargo automático del 5 % si el retraso es de menos de 30 días desde la fecha de pago, del 10 % si es menor de 60 días y del 20 % si supera los 60 días.
Además, Amor ha recordado que se debe mejorar el acceso de los autónomos a la prestación por cese de actividad, ya que a su juicio, es ilógico que a la mitad de los autónomos que lo piden no se le conceda.
"Ningún autónomo es tan tonto como para cerrar su negocio para cobrar 600 euros por 3 meses. Si un señor cesa su actividad, lo hace por necesidad, no por gusto", ha puntualizado Amor.
Respecto al Pacto de Toledo, ha recalcado la necesidad de extender y establecer el cómputo de la pensión a lo cotizado durante toda la vida laboral de los autónomos, ya que, según ha asegurado, es lo más justo.
ATA también ha enviado una serie de propuestas al ministerio de Hacienda para que se tengan en cuenta de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2018, entre ellas destaca la solicitud de prorrogar la aplicación de los límites de facturación de los módulos para transportistas.
Así, ha pedido que se mantenga el importe máximo en 125.000 euros y no en 175.000 euros como dice la reforma fiscal, hasta 2019 o bien hasta que exista una armonización fiscal que logre una equiparación de las condiciones de competitividad.
Por otro lado, han demandado que se baje el IVA a todos los colectivos a los que se subió de un 8 % a un 21 % en la crisis, y que no solo disminuya en el ámbito cultural.