Bruselas, 12 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha propuesto hoy obligar a los Estados miembros a hacer pública la información sobre las empresas sujetas a un procedimiento de declaración de quiebra, para facilitar a los acreedores en otros países el cobro de sus deudas.
La vicepresidenta de la CE y responsable de Justicia, Viviane Reding, presentó hoy una reforma que pretende actualizar la normativa europea aplicable en los casos de insolvencia de las sociedades, que entró en vigor en 2009.
Se mejorará la información a los acreedores obligando a los Estados miembros a publicar decisiones, por ejemplo, sobre la incoación de procedimientos de insolvencia.
Además, se "interconectarán" los registros públicos nacionales donde figuran esos datos, señaló Reding en rueda de prensa.
Los cambios, según la Comisión, mejorarán la efectividad de los procedimientos de insolvencia que tienen efectos en más de un país.
"Hay que poner al día las reglas vigentes para facilitar a los negocios viables que atraviesan dificultades financieras la posibilidad de mantenerse a flote, en lugar que tener que proceder a una liquidación", dijo la comisaria.
Reding recordó que cerca de 1,7 millones de empleos en la Unión Europea se pierden cada año como consecuencia de sociedades que entran en quiebra.
Además, señaló que las nuevas disposiciones dejarán de centrarse en los procesos de liquidación y desarrollarán "un nuevo enfoque" para ayudar a las sociedades a salir adelante, lo que a su vez facilitará a los acreedores la posibilidad de recuperar su dinero.
El objetivo es dar una segunda oportunidad a los emprendedores, ya que el 18 % de los empresarios de éxito fracasó en su primer intento.
Según la Comisión Europea, los procedimientos de insolvencia transfronteriza afectan a unas 50.000 empresas al año en los Veintisiete.
Alrededor de la mitad de las empresas que se crean en la UE sobreviven menos de cinco años, y unas 200.000 quiebran anualmente.
El nuevo Reglamento establecerá normas claras para determinar la jurisdicción y garantizar que en los casos en los que el deudor deba hacer frente a procedimientos de insolvencia en varios Estados miembros, los tribunales que se ocupen de los diferentes procedimientos trabajen en estrecha cooperación.
En el futuro podrán existir normas separadas para los empresarios honrados y para los casos en los que la quiebra haya sido fraudulenta o irresponsable.
En el caso de las quiebras que no sean fraudulentas, un periodo más breve para la rehabilitación en relación con las deudas y las restricciones jurídicas derivadas de la quiebra garantizarán que el emprendedor no acabe hundido en caso de quiebra del negocio.
La propuesta de Reglamento se remitirá ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE para su negociación. EFE