MADRID (Reuters) - El expresidente de Andalucía Manuel Chaves dijo el martes que su Gobierno nunca tomó una decisión ilegal relacionada con el presunto fraude de los ERE, uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en España en la última década.
Chaves, que declaró como imputado ante el Tribunal Supremo, agregó que corresponde a los jueces investigar si alguna persona a título individual se benefició de la gestión de unas ayudas a través de las cuales presuntamente se malversaron 136 millones de euros entre 2000 y 2012.
"Durante el tiempo que he sido presidente (...) nunca jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal", dijo Chaves -que fue presidente socialista de la Junta entre 1990 y 2009- a periodistas a la salida del Supremo.
"Nunca, jamás, he conocido, mantenido ni impulsado ninguna ilegalidad", agregó Chaves, que se mantuvo en la línea de lo ya declarado ante el alto tribunal por otro expresidente andaluz, José Antonio Griñán, el 9 de abril.
Griñán reconoció en su declaración que no creía que hubiera un gran plan, pero sí un "gran fraude", en el que pudieron fallar algunos de los controles.
Los dos expresidentes andaluces han comparecido después de que la juez Mercedes Alaya, que investiga en Andalucía un caso en el que ha imputado a unas 200 personas, derivara parte de la investigación al Supremo ya que tanto Griñán como Chaves son aforados por ser hoy senador y diputado, respectivamente.
"Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos serán los jueces, la justicia, la que determine si las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande", agregó Chaves.
La imputación de Griñán y Chaves ha marcado el panorama político andaluz tras las elecciones regionales del 22 de marzo, ya que los apoyos a la investidura de la socialista Susana Díaz se ha visto condicionados a que la hoy presidenta en funciones pida el escaño a ambos.
Griñán dimitió como presidente andaluz en agosto de 2013, dejando el cargo en manos de Díaz, que ha asegurado que si el alto tribunal mantiene la imputación exigirá la dimisión de los exdirigentes socialistas.