Por Lin Noueihed y Ahmed Aboulenein
EL CAIRO (Reuters) - Egipto ha lanzado una nueva ofensiva contra los grupos de derechos humanos, interrogando a sus empleados y ordenando congelar sus activos al acusarles de haberse financiado en el exterior para desestabilizar el país tras el levantamiento que en 2011 acabó con 30 años de gobierno de Hosni Mubarak.
Activistas de derechos humanos egipcios dicen que se enfrentan al peor asalto de su historia dentro de una amplia campaña para eliminar las libertades ganadas en los 18 días de revuelta que comenzaron el 25 de enero de 2011.
Algunos dicen que están trabajando desde casa mientras se aprieta el nudo sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) que han enfrentado crecientes críticas desde el estallido de activismo que acompañó las revueltas de la Primavera Árabe que derrocó a autócratas desde Túnez a Yemen.
No está claro cuántos grupos serán investigados en un caso que hasta ahora ha afectado a empleados o gestores de al menos seis de los más conocidos grupos de derechos humanos en Egipto.
Entre estos figuran Hossam Bahgat, fundador de Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, según sus siglas inglesas) y Gamal Eid, fundador de la Red Árabe de Información de Derechos Humanos (ANHRI).
Un magistrado de la investigación ha prohibido viajar al extranjero a estos dos hombres y ordenado congelar sus activos en espera de un fallo judicial previsto para el 20 de abril.
Heba Morayef, director asociado de EIPR, prevé que la congelación de activos se amplíe al grupo en su conjunto, lo que podría provocar el cierre de su oficina.
"Creo que algunos en las agencias de seguridad ven a las organizaciones de derechos humanos como parte de esta conspiración mundial para sembrar el caos y eso es lo que realmente hay detrás de la orden de congelar activos", dijo Morayef a Reuters.
"Esto supondría el mayor golpe para las organizaciones de derechos humanos en 30 años".
La ministra de Solidaridad Social egipcia, Ghada Waly, que supervisa el sector de las ONG en el país, no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters enviada por escrito esta semana.
Tampoco quisieron hacer comentarios los fiscales egipcios, que han prohido publicar los detalles legales del caso.
Desde el derrocamiento del presidente electo Mohamed Mursi de los Hermanos Musulmanes a mediados de 2013, el general convertido en presidente Abdel Fattah Sisi ha reprimido duramente a la oposición, con centenares de partidarios de los Hermanos muertos y otros miles encarcelados.
La red se ha ampliado para incluir a activistas liberales y seculares que estuvieron al frente de la revuelta de 2011. Muchos están entre rejas, acusados de violar una ley de 2013 que evita que se repitan las protestas que ayudaron a derrocar a dos presidentes en tres años.
Sisi se representa a sí mismo como un baluarte de estabilidad en una región que se ha sumido en el caos desde las revueltas de 2011, poniendo la seguridad por encima de los derechos civiles.
BAJO PRESIÓN
Las ONG se han sentido expuestas desde finales de 2011, cuando las autoridades registraron 17 grupos pro democracia y derechos humanos, acusándoles de unirse a una conspiración extranjera contra Egipto.
En 2013, un tribunal ordenó el cierre de varios grupos extranjeros pro democracia, entre ellos el estadounidense Freedom House, y dictó sentencias de cárcel para 43 empleados de ONG, incluyendo a 15 estadounidenses que habían huido del país.
Un caso contra docenas de ONG y abogados egipcios nunca llegó a cerrarse, quedando prácticamente en letargo hasta este año.
Ninguno de los empleados de ONG que fueron llamados a declarar han sido acusados formalmente. La ley egipcia permite a los fiscales congelar activos, prohibir viajes y retener a sospechosos bajo custodia por largos periodos sin tener que presentar cargos. Las ONG dicen que apenas han sido informadas de la investigación.
No es ilegal que las ONG egipcias reciban financiación del exterior, según Negad al Borai, abogado senior y activista contra la tortura que representa a Bahgat y a otros, aunque los fondos no deben usarse para actividades ilegales, incluidas las que menoscaben la seguridad.
CRÍTICA INTERNACIONAL
Esta línea de mano dura de las autoridades egipcias se produce en un momento sensible para Egipto, que ha estado batallando contra extremistas de Estado Islámico en el norte de Sinaí y contra la debilidad de la economía.
El país quiere pulir su imagen internacional, pero ha enfrentado nuevas críticas sobre derechos humanos por parte del Parlamento Europeo desde que un estudiante italiano fuese asesinado en El Cairo en febrero.
El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, expresó su preocupación la semana pasada por la decisión de Egipto de reabrir la investigación de las ONG.