EL CAIRO (Reuters) - El presidente egipcio, Abdel Fata al Sisi, aprobó una ley antiterrorista que establece tribunales especiales y proporciona protección a los cuerpos de seguridad ante una insurgencia de dos años que busca derrocar a su Gobierno.
La ley aprobada el domingo también detalla sentencias para varios crímenes que van desde cinco años de cárcel hasta la pena de muerte.
También protege a quienes la aplican, como los militares o los policías, de ramificaciones legales por el uso proporcionado de la fuerza "en el acto de servicio".
Sisi había prometido un sistema legal más duro en julio, después de un ataque con coche bomba que mató al principal fiscal del país, el funcionario de mayor nivel asesinado en el país en años.
Formar parte o liderar un grupo considerado de "entidad terrorista" por el Gobierno será punible con la muerte o la cadena perpetua. La pertenencia a ese grupo conllevará hasta 10 años en prisión.
Financiar a un "grupo terrorista" conllevará la cadena perpetua, que en Egipto es de 25 años. Incitar a la violencia se castigará con entre cinco y siete años de prisión, al igual que lo será crear el uso de sitios web que extiendan esas ideas.
Los periodistas serán multados por contradecir la versión de las autoridades de cualquier ataque terrorista. El borrador original de la ley fue moldeada tras un estallido interno y externo después de que pidiera inicialmente la prisión por ello.
Egipto se enfrenta a una creciente insurgencia violenta en Sinaí del Norte, una región en la que el grupo más activo ha prometido obediencia al Estado Islámico. El Cairo y otras ciudades han vivido ataques.
La insurgencia, que ha matado a cientos de soldados y policía, se ha intensificado desde que Al Sisi derrocase al expresidente islamista Mohamed Mursi tras unas grandes protestas contra su mandato en 2013.
Al Sisi ha protagonizado una represión contra los islamistas. Miles de supuestos islamistas han sido encarcelados y muchos de ellos han sido sentenciados a muerte, entre ellos Mursi y otras principales figuras de los Hermanos Musulmanes.
El Gobierno considera que la organización de Mursi es un grupo terrorista y no distingue entre ella y otros. Los Hermanos Musulmanes dicen que están comprometidos con el activismo pacífico.