MADRID (Reuters) - España debería reconsiderar su plan para dar cobertura legal a las llamadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes irregulares en las fronteras de Ceuta y Melilla, ya que incumple con sus obligaciones internacionales, dijo el viernes el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks.
Organismos de derechos humanos y ONG han expresado su preocupación por la iniciativa de legalizar estas devoluciones para combatir lo que el Gobierno ha calificado de excesiva presión migratoria en la única frontera europea en suelo africano.
"Las propuestas que están actualmente sobre la mesa no cumplen con las obligaciones internacionales de España", dijo Muiznieks en una rueda de prensa en Madrid, citando la convención de Refugiados de la ONU y la Convención Europea de Derechos Humanos.
"Es esencial no intentar legalizar algo que no puede ser legalizado, las devoluciones o expulsiones colectivas, y esto es lo que le he dicho a las autoridades españolas", agregó.
Muiznieks, representante del comisariado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, formado por 47 países y sin poder ejecutivo, hizo estas declaraciones tras un viaje a Melilla esta semana en el que se reunió con autoridades políticas, grupos de ayuda humanitaria y representantes de la Guardia Civil.
El comisario señaló que se está trabajando para intentar que la nueva legislación, aprobada en diciembre en el Congreso español, cumpla con la legalidad internacional.
"He visto devoluciones en caliente en otros países, pero nunca eran devoluciones que estaban plasmadas en la legislación", dijo. "Sería un precedente muy negativo que eso ocurriera, sería el principio del fin del sistema de asilo".
El Congreso sacó adelante con los únicos votos del gobernante Partido Popular una polémica Ley de Seguridad Ciudadana muy cuestionada en la que introdujo una enmienda que en la práctica modificará la Ley de Extranjería.
La enmienda del Partido Popular propone que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera "de forma clandestina, flagrante o violenta", sean rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.
Grupos de inmigrantes subsaharianos tratan frecuentemente de saltar la valla fronteriza que separa España de Marruecos. El año pasado se registraron más de 60 intentos de salto de la valla de cuatro metros de altura coronada con unas polémicas concertinas -alambres de cuchillas-.
CONCILIACIÓN DE FRONTERAS Y DDHH
El comisario dijo que durante su visita a Melilla había recibido diversas denuncias sobre devoluciones y un uso excesivo de fuerza por parte de agentes de la Guardia Civil, que según opinó, deben ser investigados y castigados.
"Es posible reconciliar control fronterizo y derechos humanos, pero el principio de no devolver a la gente a un lugar donde esté en riesgo de persecución necesita ser salvaguardado", sostuvo Muizniek.
Según datos ofrecidos por el comisario, en 2014 entraron en Melilla 5.500 personas indocumentadas, 3.000 de las cuales eran sirias y casi la totalidad del resto procedían de África subsahariana.
"Las cifras son manejables, no son millones de personas", agregó el comisario, que también pidió a las autoridades españolas que realicen inversiones en el abarrotado Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que tiene una capacidad para 480 personas y que en la actualidad alberga a 2.000.
Muizniek elogió en cambio la creación de oficinas para atender a posibles solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla.
Los países del sur de Europa como España e Italia han pedido a la UE y a Naciones Unidas que se impliquen más en la búsqueda de una solución a esta situación, que ha empeorado desde 2013 por la inestabilidad en países del norte de África como Libia o en otras naciones en conflicto como Siria.