MADRID, 10 mar (Reuters) - El Congreso de los Diputados español aprobó el jueves por abrumadora mayoría la creación de una comisión independiente dirigida por el Defensor del Pueblo del país para investigar las sospechas de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes católicos.
La decisión supone un paso importante para España, donde las acusaciones de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica sólo han comenzado a cobrar fuerza años después de que escándalos similares sacudieran a Estados Unidos, Irlanda y Francia.
Aunque la votación no garantiza automáticamente la creación de la comisión, ya que aún necesita el respaldo formal del Gobierno español, su presidente, Pedro Sánchez, se congratuló del resultado en un mensaje en la red social Twitter (NYSE:TWTR).
"El Congreso aprueba la creación de una comisión para investigar los abusos en el ámbito de la Iglesia. Un primer paso para tratar de reparar el dolor de las víctimas, que no habían sido escuchadas hasta ahora", escribió.
El ministro de la Presidencia español, Félix Bolaños, encargado de las relaciones del Gobierno con la Iglesia, y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, órgano rector de la Iglesia en el país, se reunieron el jueves para tratar el tema.
"El Gobierno considera positivo para la iglesia, para la sociedad en conjunto y, sobre todo para las víctimas, que se esclarezcan estos hechos y que la Iglesia colabore en la investigación", señaló en un comunicado en su página web del Ministerio de la Presidencia.
"Monseñor Omella por su parte ha manifestado la voluntad de colaboración de la Iglesia", añadió.
La Fiscalía española dijo en febrero que estaba investigando 68 casos de presuntos abusos sexuales a menores por parte de personal de la Iglesia católica, pero el periódico El País dijo que había encontrado 1.200 casos denunciados entre 1943 y 2018.
El mes pasado, la Iglesia Católica española trató de dar más credibilidad a su propia investigación interna, diciendo que un bufete de abogados coordinaría y auditaría el proceso.
(Reporte de Emma Pinedo; edición de Nathan Allen y Mark Heinrich; traducción de Darío Fernández)