MADRID (Reuters) - El Ministerio español de Agricultura y Medio Ambiente reconoció el martes que el ex ministro Miguel Arias Cañete, actualmente comisario europeo de Energía, se reunió con la empresa FCC (MC:FCC) por una concesión de la estatal Acuamed que es objeto de investigación judicial por supuestas irregularidades.
"El 24 de febrero de 2014, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mantuvo una reunión con representantes de FCC, en la que estuvo acompañado por el abogado del Estado", dijo el Ministerio de Agricultura en un comunicado en el que da detalles del encuentro.
El ministerio explica que el entonces ministro recibió la petición de la constructora de que fuese Acuamed quien se hiciera cargo de los costes relacionados con los daños provocados por una riada en una planta desaladora adjudicada en 2006 a un consorcio en el que participaba la constructora.
Según el ministerio, el entonces ministro, en presencia de un abogado del Estado, se limitó a solicitar el estudio del caso a los servicios jurídicos.
Cañete dejó el cargo en el ministerio dos meses después para formar parte del Ejecutivo europeo.
El subsecretario español de Presidencia, Federico Ramos de Armas, presentó su dimisión la semana pasada tras haberse visto relacionado con el caso, después de que la policía detuviese a 13 personas, entre ellos un directivo de FCC y otro de Acciona (MC:ANA), por presuntos procesos irregulares en la contratación de obras en al menos seis contratos.
El escándalo de Acuamed, que también ha provocado el cese de su director general, investiga varias obras emblemáticas encargadas por la empresa pública que han acabado costando mucho más de lo inicialmente presupuestado.
Agricultura salió con su comunicado al paso de informaciones de la Cadena Ser que señalaban que Arias Cañete estaba informado de un sobrecoste de 40 millones de euros en la desaladora que, según el medio, acabó pagando el Estado.
"El ministro trasladó a los representantes de FCC la necesidad de que la Abogacía del Estado analizara, con carácter previo a cualquier actuación por parte de la sociedad Acuamed, dicha situación (...) siendo ésta la única conclusión de la reunión celebrada el 24 de febrero de 2014", dijo el Ministerio.
Posteriormente, aunque todavía con Cañete al frente del ministerio, la Abogacía del Estado concluyó que Acuamed y el consorcio de empresas eran corresponsables de los daños de la riada.
El ministerio dijo que el consejo de administración de Acuamed nunca procedió a aprobar las liquidaciones ni el pago de los costes de reparación de la planta desaladora, aunque reconoció que en los presupuestos de 2016 de Acuamed existe una partida de habilitación de crédito no ejecutada por 14,55 millones de euros por el concepto "Reparación desaladora de Bajo Almanzora".
En un comunicado separado, FCC reconoció que había solicitado pagos dentro de la legalidad por el contrato de la desaladora, cuya liquidación y reconstrucción están pendientes, y que recurriría a las instancias que correspondan para reclamar el cobro.