MADRID (Reuters) - Tras varios meses de consultas, el Gobierno aprobó el viernes una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que entre algunas de sus principales modificaciones limitará la duración de las instrucciones judiciales y sustituirá el término de "imputado" por el de "investigado".
La aprobación del Consejo de Ministros da luz verde al trámite parlamentario para la modernización de una normativa que data de 1881 y que forma parte de las reformas en materia de justicia de cara a un año que estará plagado de citas electorales.
"La reforma responde a una demanda social muy clara en el sentido de agilizar las causas, en particular las relacionadas con la corrupción", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La reforma de la LECRIM, que se incluyó en las medidas anticorrupción anunciadas por el presidente Mariano Rajoy en noviembre del año pasado, pretende también acabar con la sensación de impunidad, especialmente a raíz de casos que han socavado la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
De este modo, la ley impondrá plazos a las instrucciones judiciales, de 6 meses para causas sencillas y 18 meses para las causas complejas, en un país en el que existe una lentitud endémica de la Justicia con multitud de casos abiertos desde hace años por supuesta corrupción política, que en ocasiones acaban prescribiendo.
"Se acortarán los tiempos, cada delito generará una causa y cada delito generará una sentencia", dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa, que se mostró partidario de acabar con las llamadas "macrocausas", que pueden contar con decenas de piezas separadas.
Aunque el Gobierno ha declarado que los plazos podrán ampliarse en los casos más complicados si el juez instructor y el fiscal así lo consideran, tanto el CGPJ como el Consejo Fiscal han expresado sus discrepancias con esta limitación de los tiempos.
Algunos magistrados sostienen que esta medida por sí sola no agilizará los procedimientos y que para ello se requeriría además una mayor disposición de recursos.
"TINTES DE PRECULPABILIDAD"
Por otro lado, el Gobierno ha decidido sustituir la denominación terminológica de "imputado" por la de "investigado", argumentando que el primer término ha alcanzado una connotación sociológica negativa y adquirido tintes de preculpabilidad.
"En el caso de que se decrete la apertura de juicio oral, se transformará esa condición de investigado en la de encausado", afirmó el titular de Justicia.
Los cientos de imputados, muchos ellos cargos políticos, en diversas investigaciones relacionadas con la corrupción, la han situado como la segunda preocupación para los españoles.
España celebrará elecciones autonómicas y municipales en mayo y generales a finales de año, para las que los sondeos apuntan a que los ciudadanos están dirigiendo su intención de voto hacia otras formaciones más allá de los grandes partidos, PP y PSOE.
"La presunción de la inocencia es la que debe prevalecer en todo el proceso penal", agregó el ministro, que explicó que para este cambio terminológico Ministerio de Justicia ha colaborado con expertos procesalistas y en derecho penal, además de académicos y lingüistas.
El texto final del Ejecutivo ha prescindido de uno de los aspectos más polémicos del anteproyecto de ley, que se refería a la facultad de intervención de las comunicaciones por parte del Ministerio del Interior sin autorización judicial previa en algunos casos excepcionales y sólo durante 24 horas.
El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, había expresado sus dudas sobre el encaje constitucional de esta iniciativa.
Otro de los aspectos de la nueva normativa regulará la figura del decomiso, dando a las autoridades la capacidad para aprehender e investigar todos los bienes de un condenado para recuperar la cantidad defraudada.
"Se podrán incautar los bienes derivados no sólo de la comisión de un delito sino del conjunto del patrimonio de un delincuente", dijo Catalá.
Además, la normativa regulará la investigación tecnológica, para incorporar al texto los sistemas de investigación propios del momento actual, según el Gobierno.